Este martes, el Tribunal Oral Federal dictará sentencia en una causa que podría marcar un antes y un después en la historia institucional de la Universidad Nacional de Tucumán. Tras 15 meses de audiencias, cuatro exfuncionarios —Juan Alberto Cerisola, Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino— enfrentan cargos por presuntas irregularidades en el manejo de fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).
La investigación se remonta a 2010, cuando el arquitecto Ramón Eudal y el abogado Oscar López denunciaron desvíos en el uso de utilidades mineras que debían financiar la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier. En 2007, el directorio de YMAD declaró concluida esa obra y redujo el porcentaje de fondos asignados a la UNT del 40% al 20%. Esta decisión, oficializada por Cerisola en 2008, habilitó un esquema especial de contrataciones que, según el Ministerio Público Fiscal, violó la Ley de Obras Públicas.
Con ese régimen se ejecutaron 13 obras en distintas dependencias de San Miguel de Tucumán, muchas de ellas bajo sospecha de sobreprecios, adjudicaciones directas y falta de controles. Las resoluciones rectorales modificaron la carta orgánica de Construcciones Universitarias y permitieron administrar los fondos con discrecionalidad.
Durante el juicio, decenas de testigos expusieron cómo se alteraron procedimientos administrativos y se montó un sistema que, según la fiscalía, favoreció el fraude. Las defensas, en cambio, sostuvieron que todo se hizo dentro del marco legal y que no hubo perjuicio para la universidad.
El rector actual, Sergio Pagani, se mostró prudente ante la inminente sentencia. “Queremos que se sepa la verdad”, afirmó, y destacó los avances en transparencia institucional durante su gestión. La UNT actúa como querellante en el proceso y espera que se esclarezca el destino de más de $19.000 millones.
