Valentina Olguín, cantante e influencer santiagueña de 27 años, enfrenta una grave acusación por contrabando. Según la investigación del fiscal federal Agustín Chit, habría utilizado la identidad de cinco gobernadores para importar mercadería ilegal desde Miami. Tras el agravamiento de los cargos, su defensa solicitó que la causa se tramite en Buenos Aires, donde se habrían concretado los delitos.
La maniobra fue descubierta en noviembre de 2024, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo recibió notificaciones de compras que nunca realizó. Tras confirmar que nadie de su entorno había usado su cupo de importación, presentó la denuncia ante la fiscalía federal.
Identidades robadas y una red de domicilios
La investigación, con apoyo de la Dirección General de Aduanas, reveló que Olguín usó el nombre, documento y domicilio fiscal de Jaldo para comprar ropa en Miami. La mercadería llegaba a domicilios en Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero, y luego era comercializada.
El fiscal Chit descubrió que la influencer también habría utilizado los datos de Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan). Aunque Kicillof denunció el hecho en la Justicia bonaerense, su causa no avanzó. En el caso de Orrego, el expediente fue cerrado tras una reparación voluntaria por parte de Olguín.
La figura legal que Chit decidió aplicar es “contrabando por simulación en concurso real”, lo que implica que cada hecho será tratado como un delito independiente, con sanciones acumulativas. Olguín fue citada a declarar, pero optó por no responder preguntas. Su defensa, encabezada por Claudia Paz y un abogado del estudio de Fernando Burlando, anunció que planteará la incompetencia del tribunal, argumentando que los delitos ocurrieron en Buenos Aires.
Según trascendió, Olguín habría admitido ser autora de las maniobras y explicó que obtuvo los datos de los gobernadores a través de búsquedas en Google. Justificó su accionar diciendo que había agotado su cupo personal y el de sus allegados, por lo que decidió usar el “crédito” de funcionarios públicos.
La causa se frena hasta que se defina la jurisdicción
Mientras se resuelve el planteo de incompetencia, la causa quedará en pausa. El pedido de traslado podría modificar el curso del proceso judicial, que hasta ahora se tramitaba en el ámbito federal. La decisión será clave para definir si Olguín enfrentará los cargos en Tucumán o en Buenos Aires.
