El 15 de octubre, Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legalizar la eutanasia. Ese avance legislativo motivó al diputado mendocino Julio Cobos (UCR) a presentar un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en Argentina.
La iniciativa contempla que un médico pueda administrar directamente la sustancia que provoque la muerte del solicitante o que prescriba la medicación para que el paciente se la autoadministre. El proyecto busca conservar estado parlamentario por dos años, lo que permitiría su tratamiento en futuras sesiones.
Requisitos para acceder a la eutanasia legal
El texto establece condiciones estrictas para acceder a la eutanasia o al suicidio asistido. El solicitante debe ser mayor de edad, argentino o residente con al menos doce meses en el país, y padecer una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento crónico e imposibilitante.
Además, debe presentar dos solicitudes con un intervalo mínimo de quince días, contar con testigos y validación judicial o notarial, y manifestar consentimiento informado. La decisión puede ser revocada en cualquier momento del proceso.
El proyecto contempla la objeción de conciencia para profesionales que no deseen participar. Sin embargo, obliga a los centros de salud públicos y privados a garantizar el acceso al procedimiento si el solicitante cumple con los requisitos.
También propone modificar el Código Penal para que quienes asistan en la práctica no sean penalizados. Cobos subraya que la ley no obliga a nadie, pero ofrece una solución digna a quienes la requieren.
Un caso urgente y el antecedente de la Ley de Muerte Digna
En paralelo, un juzgado de Mercedes analiza el pedido de María del Carmen Ludueña, una mujer de 63 años postrada desde hace siete años por una enfermedad crónica. Su solicitud de eutanasia fue rechazada sin analizar su situación particular, debido a la falta de legislación vigente.
Argentina fue pionera en 2012 con la Ley de Muerte Digna, que permite rechazar tratamientos médicos en casos terminales. Los proyectos actuales buscan avanzar hacia la legalización de la asistencia médica activa para morir.
