En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que autoriza la eutanasia, marcando un hito en la legislación nacional sobre derechos al final de la vida. Con 64 votos a favor y 29 en contra, la iniciativa superó el mínimo requerido de 50 votos, y ahora deberá ser ratificada por el Senado para convertirse en ley.
La propuesta, que fue impulsada por el Frente Amplio y respaldada por sectores de la oposición, establece un marco legal para garantizar “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir”. Según el texto aprobado, la eutanasia podrá ser solicitada por mayores de edad con capacidad psíquica plena, que se encuentren en etapa terminal de una enfermedad incurable o sufran dolores insoportables. La solicitud deberá ser avalada por al menos dos profesionales de la salud.
El acceso al procedimiento ha sido limitado a ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada. Una muerte “indolora, apacible y respetuosa” ha sido definida como el objetivo central de la norma, que busca equilibrar la autonomía individual con garantías médicas y éticas.
Durante el debate, que se prolongó por más de cinco horas, el diputado Luis Enrique Gallo expresó que “el derecho a elegir la muerte es tan legítimo como el derecho a elegir la vida”. La discusión sobre la eutanasia, iniciada formalmente en 2019, había fracasado en el Senado en 2022, pero fue retomada con fuerza a comienzos de este año.
Actualmente, la legislación uruguaya permite desde 2013 el rechazo de tratamientos médicos por parte de pacientes terminales, aunque la eutanasia y el suicidio asistido siguen tipificados como “homicidio piadoso” en el Código Penal. De ser ratificada por el Senado —donde el oficialismo cuenta con mayoría—, Uruguay se convertiría en el tercer país de América Latina en legalizar la práctica, junto con Colombia y Ecuador.
A nivel internacional, la eutanasia ha sido legalizada en países como Bélgica, Países Bajos, España y Canadá, así como en algunas jurisdicciones de Australia y Estados Unidos. En Uruguay, el respaldo ciudadano ha sido significativo: una encuesta de Factum realizada en 2022 reveló que el 77% de la población está a favor de la legalización en circunstancias específicas.
La votación en el Senado se espera antes de fin de año, y si se aprueba, Uruguay se posicionará como un referente regional en el reconocimiento de los derechos al final de la vida.
