Una auditoría preliminar realizada por el Gobierno nacional reveló que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) pagó un 27% más por un medicamento esencial para tratar la leucemia linfoblástica aguda. El hallazgo se enmarca en una investigación por presuntas coimas que involucra al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.
La información surgió tras la salida de Spagnuolo y la intervención ordenada sobre el sector. El estudio comparó precios de siete medicamentos adquiridos tanto por la ANDIS como por el Ministerio de Salud. El caso más llamativo fue el de la Asparaginasa Pegilada, comprada por la cartera sanitaria en agosto de 2024 a $8.274.027 por unidad, mientras que la ANDIS la adquirió en agosto de 2025 por $13.500.176. Incluso ajustando por inflación, la diferencia real se mantiene en un 27%.
El medicamento en cuestión, Asparaginasa Pegilada, es vital en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. La compra fue realizada a la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Emmanuel y Jonathan Simón Kovalivker, empresa mencionada en el expediente judicial que investiga presuntos pagos ilegales.
Los audios filtrados de Spagnuolo sugieren un esquema de coimas en la adquisición de insumos médicos. Las autoridades remarcan que los datos son preliminares, pero suficientes para encender las alarmas sobre el manejo financiero del organismo.
Posibles cambios en la estructura de la ANDIS
Ante el escándalo, el Gobierno evalúa trasladar la ANDIS a la órbita del Ministerio de Salud. Actualmente, la agencia funciona como organismo descentralizado, con autonomía jurídica y financiera, lo que le permite gestionar sus propias licitaciones.
“Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado”, afirmó una fuente de la Casa Rosada. La propuesta busca mejorar el control administrativo y evitar futuras irregularidades.
¿Qué implica la descentralización?
La ANDIS fue creada en 2017 bajo el Decreto 698/2017 durante la gestión de Mauricio Macri. Su naturaleza descentralizada le otorga independencia para ejecutar trámites y administrar fondos, al igual que otros entes como el Instituto Nacional del Cáncer (INC) o la ANMAT.
Sin embargo, esta autonomía también puede dificultar el control estatal. Por eso, el Ejecutivo considera que una mayor supervisión podría prevenir desvíos y garantizar transparencia en la compra de medicamentos esenciales.
