Un video anónimo destapó uno de los mayores escándalos recientes dentro de la Policía de Tucumán. La filmación reveló que varios detenidos realizaban trabajos de albañilería en una vivienda perteneciente a un jefe policial, sin autorización judicial ni custodia.
La denuncia fue enviada directamente al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien recibió junto al mensaje las imágenes de un preso condenado por abuso sexual caminando libremente por las calles de Tafí Viejo.
A partir de esa prueba, se inició una investigación interna que derivó en la detención y expulsión del comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, y de su segundo, Sergio Juárez. También quedaron bajo la lupa otros once efectivos cuyos nombres aún no trascendieron.
Cómo se descubrió el caso
Agüero Gamboa aguardó al inicio de la semana siguiente para enviar personal de confianza a constatar los hechos, aunque en ese momento no hallaron a nadie. Luego, informó la situación al gobernador Osvaldo Jaldo, y junto a la fiscal de Estado Gilda Pedicone coordinaron un operativo.
Días más tarde, un equipo de la Fiscalía de Estado, acompañado por miembros de la custodia del gobernador, se dirigió al domicilio señalado. Allí encontraron a dos policías en funciones y a dos presos realizando tareas de construcción.
Según testigos, los efectivos afirmaron que actuaban “por órdenes de sus superiores” y se resistieron a cumplir las indicaciones de los investigadores.
Presos que trabajaban sin control
La fiscal Mariana Rivadeneira investiga la hipótesis de que Beltrán utilizaba tanto a personal policial como a cuatro detenidos para realizar trabajos en su casa de descanso en El Cadillal. Los presos eran trasladados en vehículos oficiales desde las comisarías donde cumplían condena, sin autorización judicial ni registro en los libros de guardia.
Tres de ellos estaban alojados en la comisaría de Chuscha y el cuarto en la de Yerba Buena. Se presume que entre semana permanecían en el Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Norte, donde dormían, y que los fines de semana volvían a sus lugares de detención.
Aunque no recibían paga, gozaban de un régimen irregular de semilibertad, lo que motivó la intervención del juez de Ejecución Gonzalo Ortega, quien ordenó su inmediato traslado al penal de Benjamín Paz.
Cargos y consecuencias
Beltrán, Juárez y los policías Luis Trejo y Osvaldo Tiseira fueron acusados de peculado, delito que sanciona a los funcionarios públicos que usan recursos o servicios del Estado en beneficio propio o de terceros. Las penas van de dos a diez años de prisión.
Además, otros efectivos podrían ser imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público. Como medida inmediata, Beltrán y Juárez fueron dados de baja definitiva, lo que les impide acceder a la jubilación policial.
El hecho generó una profunda crisis institucional dentro de la fuerza.
Repercusiones en el Gobierno
El gobernador Osvaldo Jaldo expresó su malestar ante la cúpula policial y exigió un informe detallado sobre la gestión de los últimos dos años. También dispuso suspender los ascensos previstos y evalúa cambios en la plana mayor.
Aunque la continuidad del jefe de Policía no estaría en riesgo inmediato, el caso impactó de lleno en la confianza institucional y se considera uno de los episodios más graves de los últimos años.
En el interior de la fuerza, el escándalo reavivó internas y viejos conflictos: algunos oficiales sospechan que la denuncia anónima provino de sectores enfrentados a Beltrán, quien había generado tensiones por procedimientos polémicos y sanciones disciplinarias.
