La investigación por el homicidio de Érika Antonella Álvarez sumó en las últimas horas un dato que podría impactar de lleno en la situación procesal de Justina Gordillo, imputada por encubrimiento y actualmente detenida en el Complejo Penitenciario de Delfín Gallo.
La novedad surgió durante la audiencia en la que la jueza de Impugnación Jimena Suárez confirmó la prisión preventiva por tres meses que ya había sido dictada en su contra. En ese marco, el fiscal Pedro Gallo reveló la existencia de un documento que, según sostuvo, podría agravar el cuadro judicial de la acusada.
El dato que incorporó la Fiscalía
De acuerdo con lo expuesto por el representante del Ministerio Público, el 9 de enero —dos días después del crimen y un día antes de que Felipe “El Militar” Sosa viajara a Buenos Aires— se habría firmado un poder en una escribanía de Yerba Buena a favor de Gordillo.
Ese instrumento legal la habilitaba a administrar empresas vinculadas a Sosa —una de limpieza y dos de seguridad—, además de retirar fondos de cuentas bancarias y operar sobre cajas de seguridad.
Si bien la cuestión no fue tratada en profundidad durante la audiencia —ya que la magistrada entendió que no correspondía debatir ese punto en esa instancia procesal—, el fiscal dejó planteado que el documento podría tener relevancia dentro de la hipótesis acusatoria. Desde el entorno de la imputada señalaron que el poder habría sido otorgado antes del homicidio.
La hipótesis del caso
Según la teoría de la Fiscalía, el martes 6 de enero la víctima se presentó en un domicilio de Yerba Buena, donde habría participado de un encuentro junto a Sosa, Gordillo y otras personas aún no identificadas. En la madrugada del 7, Álvarez fue asesinada y su cuerpo apareció al día siguiente en un descampado de Manantial Sur.
Sosa fue detenido días más tarde en Pilar, provincia de Buenos Aires, cuando —según sospechan los investigadores— se disponía a abandonar el país. Está imputado por homicidio simple y cumple prisión preventiva por seis meses.
En cuanto a Gordillo, la acusación sostiene que no habría estado presente al momento del homicidio, pero sí habría colaborado posteriormente en el ocultamiento del cuerpo, la desaparición del teléfono celular de la víctima y la fuga del principal acusado.
Confirmación de la prisión preventiva
La defensa de la imputada había solicitado la revocación de la medida cautelar o, en su defecto, el arresto domiciliario, argumentando que no estaban acreditados los riesgos procesales. Sin embargo, la jueza Suárez consideró que no existían fundamentos suficientes para modificar la decisión inicial y ratificó la detención.
Tras la audiencia, Gordillo fue trasladada desde la División Homicidios al penal de Delfín Gallo, donde permanecerá alojada mientras continúa la investigación.
Con la incorporación del nuevo elemento mencionado por la Fiscalía, el expediente suma un componente que podría tener incidencia en las próximas etapas del proceso judicial.
