La venta de hojas de coca en Tucumán volvió a encender alarmas en el ámbito judicial y policial, al quedar en evidencia que se trata de una actividad ilegal profundamente arraigada, tolerada socialmente y con un volumen económico millonario. Si bien el consumo no está penalizado en la Argentina, todo el circuito previo —producción, ingreso al país, traslado y comercialización— continúa prohibido, lo que convierte a cada punto de venta en una infracción vigente.
Durante 2025, la Policía de Tucumán secuestró más de 16 toneladas de hojas de coca, un dato que refleja no solo la magnitud del fenómeno sino también el crecimiento sostenido del mercado. A pesar de ello, no existe un relevamiento oficial que precise cuántos comercios venden el producto. Las estimaciones indican que serían cientos entre quioscos, drugstores y estaciones de servicio, abastecidos por al menos cinco proveedores mayoristas que operan desde la provincia.
El debate volvió a instalarse tras una serie de informes que primero expusieron el aumento del consumo y luego dejaron al descubierto los mecanismos de distribución. La etapa final, la venta directa al público, terminó de confirmar la dimensión de un negocio que funciona sin regulación, con precios desiguales y sin controles permanentes. Algunos comerciantes reconocen abiertamente que la actividad es ilegal, pero reclaman una solución estructural. “Ir contra una costumbre tan extendida es inútil. Si hay controles, el producto se encarece. La salida es regular”, sostuvo Juan Pedraza, propietario de un quiosco céntrico.
Desde la Dirección General de Drogas Peligrosas, su titular, el comisario Jorge Nacusse, advirtió un cambio radical en la modalidad de comercialización. “Antes se vendía de manera discreta. Hoy se exhibe sin tapujos en los locales y hasta se ofrece por redes sociales”, señaló. En la misma línea, Fabio Ferreyra, responsable del Operativo Lapacho, recordó que mientras la ley no se modifique, toda hoja de coca en circulación es considerada contrabando. “El consumo se naturalizó y eso disparó los secuestros: el año pasado aumentaron más del 300%”, explicó.
Desde la Justicia Federal y la Dirección General de Aduanas coinciden en que el problema de fondo es la falta de una norma que regule el circuito. Hasta que eso ocurra, los controles seguirán dependiendo casi exclusivamente de las fuerzas de seguridad, aunque reconocen que resulta insuficiente sin el acompañamiento de municipios y comunas. “Sin controles locales, el esfuerzo se diluye”, admitieron.
En el ámbito municipal también afloran las falencias. Funcionarios consultados, en su mayoría bajo reserva, reconocieron desconocimiento de la prohibición, habilitaciones comerciales sin control de mercadería, disputas internas sobre competencias y una situación llamativa: muchos de los encargados de fiscalizar son consumidores habituales.
La ausencia de regulación también se refleja en la fuerte dispersión de precios. En el Gran San Miguel de Tucumán, una bolsa de 20 gramos cuesta entre $1.500 y $2.500, la de 40 gramos entre $2.000 y $4.000, y la de 250 gramos puede alcanzar valores de $18.000 a $28.000, según la calidad y el procesamiento. Con esos montos, la coca secuestrada en 2025 habría generado entre $1.200 y $1.600 millones en el mercado local. En Bolivia, donde la hoja es legal, ese mismo volumen se cotizaría en torno a los $225 millones.
Los comerciantes minimizan las ganancias. “No deja grandes márgenes, es un producto más para sostener el negocio”, aseguró Luis Arrabal, dueño de un drugstore de Tafí Viejo. Los consumidores, en cambio, cuestionan esa mirada. “Si no fuera rentable, no se vendería tanto. No pagan impuestos y aun así dicen que no ganan”, replicó Luciano Estévez.
Mientras el coqueo gana aceptación cultural y el debate social se profundiza, la Justicia y las fuerzas de seguridad continúan aplicando una legislación que muchos consideran desactualizada frente a una realidad que creció sin regulación y hoy expone uno de los mercados ilegales más extendidos del norte argentino.
