Familiares de personas discapacitadas e integrantes de distintas agrupaciones participaron esta mañana en la manifestación frente a Plaza Independencia, en reclamo contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“Lamentablemente, el presidente no escuchó el pedido y vetó la ley. Esto golpea directamente a las personas con discapacidad, que no recibirán lo que por derecho les corresponde”, afirmó Gustavo Anastacio, de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad de la provincia.
Según explicó, el atraso en los aranceles y la falta de actualización frente a la inflación deja a las instituciones “al borde de la inviabilidad”, con riesgo de recortar prestaciones, suspender personal o incluso cerrar. “Algunos centros ya evalúan planes de crisis; después de diciembre será muy difícil mantener las puertas abiertas”, advirtió.
«Estamos defendiendo derechos fundamentales de la Constitución que acá no se les está dando la plata necesaria”, explicó una manifestante. El reclamo incluye un pedido a los diputados nacionales para que rechacen el veto en la próxima sesión en la que se trate el tema. Mientras tanto, los prestadores insisten en que no se trata de un beneficio, sino de un derecho: “Cumpliendo la ley vigente, todos estaríamos en nuestros centros trabajando, no en la plaza protestando”, concluyeron.
Este lunes se conoció a través del Boletín Oficial que el Ejecutivo aplicó el veto a la iniciativa que contaba con la aprobación tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. En ese sentido, se decidió aplicar esta medida contra el proyecto mencionado anteriormente, como en las leyes que aumentaban las jubilaciones.
Justamente, el Congreso buscó que la emergencia nacional en discapacidad sea hasta 2026. Así, buscaba crear una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. Desde la Casa Rosada estimaron que esto implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contemplar el impacto en el programa de atención médica “Incluir Salud”.
Frente a este escenario, diversas agrupaciones que representan a personas con discapacidad anunciaron la convocatoria para este martes con réplicas previstas en plazas centrales de todo el país. Además, representantes de diferentes organizaciones remarcaron que la situación de precariedad y desfinanciamiento incrementa la vulnerabilidad del colectivo, señalando que la emergencia abarca ámbitos laborales, sociales y sanitarios. Insisten en que la ausencia de respuestas estatales profundas agudiza las dificultades cotidianas para miles de familias en todo el país.
