La Provincia dio un paso clave para acelerar la recuperación de bienes públicos ocupados de manera ilegal. Con un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía Daniel Abad, se habilitó un nuevo procedimiento de autotutela administrativa, una herramienta que permite concretar desalojos sin necesidad de acudir a la Justicia.
La norma —técnicamente denominada Reglamentación del Procedimiento de Autotutela Administrativa de los inmuebles y bienes de propiedad del Estado— apunta a agilizar la restitución de terrenos fiscales y a evitar que se consoliden ocupaciones irregulares que demoran meses o años en resolverse por vía judicial. El decreto fundamenta la medida señalando que el interés público no puede quedar supeditado a la actitud de un particular y que el Estado tiene la obligación de proteger lo que pertenece a todos los tucumanos.
El régimen abarca todo tipo de inmuebles urbanos y rurales destinados al uso comunitario, incluidos establecimientos educativos, centros de salud, dependencias de seguridad, espacios públicos y bienes afectados a la prestación de servicios esenciales. Cualquier funcionario o autoridad responsable de estos bienes deberá actuar en cuanto detecte una ocupación ilegítima.
El decreto establece que la intervención es obligatoria para intendentes, delegados comunales, directores de escuelas, jefes policiales, responsables de CAPS y representantes de centros comunitarios, además de funcionarios de la administración central, organismos autárquicos, entes descentralizados y empresas del Estado. Todos ellos deberán iniciar de inmediato las actuaciones para constatar la irregularidad, notificar formalmente a los ocupantes y comunicar la situación a sus superiores.
El procedimiento prevé que los ocupantes sean advertidos mediante un formulario oficial y que se les otorgue un plazo corto para restituir el inmueble. Si no lo hacen, la autoridad administrativa deberá dictar el acto de desalojo con dictamen jurídico y establecer una fecha concreta de ejecución. A partir de allí, la repartición queda habilitada a requerir el acompañamiento de la fuerza pública para concretar la restitución del bien.
Aunque ahora se reglamenta de manera uniforme para toda la administración, la autotutela no es una figura nueva en la provincia. La Fiscalía de Estado ya aplicó este mecanismo en distintos puntos del interior, como en El Mollar y en El Cadillal, donde en los últimos meses se neutralizaron varias ocupaciones. La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, sostuvo que existe una decisión política explícita del Gobierno provincial de preservar los bienes fiscales y recordó que hasta ahora muchas recuperaciones dependían de trámites judiciales que podían extenderse durante semanas.
Uno de los casos más recordados ocurrió en octubre de 2024 en la Reserva Natural La Angostura, donde personal de la Dirección Provincial del Agua detectó la instalación de una galería de artesanos en terrenos estatales ocupados por integrantes de pueblos originarios. El Estado recuperó el inmueble 45 días después.
Hasta la implementación del nuevo decreto, la restitución de tierras fiscales solía resolverse mediante denuncias ante jueces de paz o, en casos más complejos, en fueros civil o penal. Esos caminos, aunque válidos, implicaban tiempos prolongados y una falta de reacción uniforme entre distintos organismos.
Con la reglamentación de la autotutela, el Ejecutivo provincial busca acelerar los procedimientos, evitar que se multipliquen las ocupaciones y unificar criterios en todas las áreas. Para ello, se están organizando instancias de capacitación destinadas a funcionarios de distintos niveles, con el objetivo de que el nuevo régimen se aplique correctamente y sin demoras.
La política oficial, según señaló Pedicone, apunta a una idea central: el Estado tiene la obligación de defender lo que es de todos los tucumanos y ahora contará con una herramienta más ágil para hacerlo.
