Tras los incidentes registrados durante la movilización contra la reforma laboral, el Gobierno nacional anticipó que avanzará con una denuncia judicial contra los manifestantes que participaron en los hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones del Congreso.
La decisión fue confirmada luego de una jornada marcada por momentos de alta tensión entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad, desplegadas bajo el protocolo antipiquetes. Desde el Ejecutivo señalaron que la acusación estará dirigida específicamente a quienes protagonizaron los episodios más violentos.
Los hechos bajo investigación
De acuerdo con fuentes oficiales, la denuncia apuntará contra las personas que arrojaron bombas molotov, agredieron a efectivos de las fuerzas federales y provocaron daños en el espacio público. También se incluirán los enfrentamientos directos con el cordón policial que custodiaba la zona del Congreso.
Parte de los involucrados fue detenida en el lugar durante los disturbios. En paralelo, las autoridades trabajan en la identificación de otros participantes mediante el análisis de cámaras de seguridad, con el objetivo de avanzar en la presentación judicial.
Detenciones y efectivos heridos
Durante los incidentes se registraron detenciones y varios policías resultaron heridos. Los enfrentamientos se concentraron en distintos puntos cercanos al Parlamento, donde las fuerzas intentaron dispersar a los grupos que buscaban avanzar sobre el operativo de seguridad.
Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que la intención es que los responsables enfrenten consecuencias penales por los hechos ocurridos en el marco de la protesta.
Contexto de tensión política
La decisión del Gobierno se produce en un escenario de fuerte conflictividad política y social por el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. La marcha había sido convocada por sectores sindicales y organizaciones sociales, pero derivó en episodios de violencia que marcaron la jornada.
Con esta presentación judicial, el Ejecutivo busca fijar una postura clara frente a los disturbios y reforzar su política de endurecimiento ante hechos violentos en manifestaciones públicas.
