Susana Trimarco rompió el silencio tras la denuncia penal que presentaron los ciudadanos Jhonathan David Aguilar y Cynthia Rosa Gaitán ante el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, en la que la acusan de haber alquilado un local en Pasaje Sargento Gómez 60, en el Bajo de la capital tucumana. El inmueble —según consta en el expediente— pertenece al Estado Nacional y había sido entregado a la Fundación María de los Ángeles en comodato para fines institucionales.
Los denunciantes, patrocinados por el abogado Ernesto Baaclini, sostienen que Trimarco cedió el lugar en locación a través de su apoderado, Augusto Reinoso, el 7 de agosto de 2024, a cambio de una “llave” de seis millones de pesos y un canon mensual de tres millones. Aportaron como prueba audios en los que, aseguran, la dirigente les reclamaba esos pagos.
Frente a esas acusaciones, Trimarco ofreció una conferencia de prensa, en la que rechazó las imputaciones y apuntó contra el abogado querellante, con quien tiene una enemistad desde hace varios años. “No hay ninguna denuncia en contra de nosotros. Es una mentira total. Viene, como siempre, de Baaclini. Si fuera un profesional serio no estaría inventando tantas cosas”, sostuvo.
Trimarco rompió el silencio y negó las imputaciones: “Es todo una mentira”, afirmó y aseguró no estar al tanto del tema, subrayando que “la fundación está impecable”. La referente explicó que el inmueble fue entregado por la justicia con el fin de obtener beneficios para la institución y sostuvo que los denunciantes, según su versión, instalaban un comercio desde donde oficiaban como pastores evangélicos; agregó que inicialmente se acordó que asumiría costos fijos como luz y servicios, pero que ese acuerdo habría quedado incumplido.
Respecto de la difusión de audios vinculados al caso dijo que se trata de falsedades: “Jamás haría eso”, declaró, y señaló que se reunió con autoridades de la AABE para que constara la situación del inmueble. Además, manifestó que la situación está “claramente detallada e informada a las autoridades estatales”.
La presidenta de la Fundación cargó contra el letrado querellante: afirmó que Ernesto Baaclini “me odia” y lo acusó de haber puesto en duda la veracidad del caso Marita Verón en otras oportunidades. Anunció que iniciará acciones legales contra él, al que calificó como “sacapresos”, para obtener una medida que impida futuras injurias sobre su persona.
