La concesionaria de la Terminal de Tucumán mantiene una disputa judicial con el Gobierno provincial que podría derivar en un reclamo de $2.600 millones. El conflicto surge de la falta de control estatal sobre el ingreso obligatorio de las empresas de ómnibus, lo que afectó la recaudación por los llamados “toques de andén”. La discusión judicial se desarrolla en paralelo al fin del contrato de concesión, previsto para el 27 de octubre, y al inminente llamado a licitación para una nueva explotación del predio.
Dos juicios contra la Provincia por la Terminal
La Provincia enfrenta dos demandas de la concesionaria Terminal del Tucumán SA. En la primera, iniciada en 2006, ya existe una sentencia condenatoria que obliga al Estado a pagar más de $150 millones. La segunda, radicada en 2022, se encuentra en etapa probatoria y es la que podría alcanzar los $2.600 millones de indemnización.
Según los fundamentos de la empresa, el Estado incumplió su deber de asegurar que los ómnibus ingresaran a la Terminal, lo que redujo de manera significativa los ingresos. La Justicia ya había reconocido este argumento en 2017, al fallar a favor de la concesionaria en el primer expediente.
¿Qué dice la pericia contable sobre el reclamo?
En el nuevo proceso judicial, una pericia contable presentada por la empresa asegura que entre 2017 y 2024 la Terminal debía percibir casi $5.100 millones, pero solo ingresó $2.500 millones. Esa diferencia justificaría un reclamo de $2.606 millones en concepto de daños y perjuicios.
Sin embargo, Fiscalía de Estado rechazó el informe y solicitó que se impugne la pericia. Ahora, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a cargo de María Florencia Casas, deberá decidir si valida o no este documento que podría ser clave para el desenlace del caso.
Finalización de la concesión y nuevo llamado a licitación
Mientras tanto, el Gobierno provincial descartó prorrogar el contrato con la actual concesionaria y ya prepara una licitación para otorgar la nueva explotación de la Terminal de Tucumán. El pliego prevé una inversión mínima de 10 millones de dólares por parte de las empresas interesadas.
El conflicto judicial suma presión a la transición. Si prospera el reclamo de la concesionaria, la Provincia podría enfrentar una indemnización millonaria mientras intenta garantizar la continuidad del servicio en la estación de ómnibus.
