Este lunes 18 de agosto inició el juicio oral y público contra dos policías del Grupo Especial de Apoyo Motorizado (G.E.A.M), acusados de disparar en el rostro a Franco Exequiel Almirón (32) en San Miguel de Tucumán. El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2024, cuando Almirón fue herido gravemente con una escopeta policial. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale.
El Ministerio Fiscal busca una condena de 14 años de prisión para Javier Nicolás Medina Quintana, acusado de tentativa de homicidio doblemente agravado. Héctor Luis Lobo, por su parte, enfrenta cargos por encubrimiento agravado, con una pena solicitada de dos años de ejecución condicional y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El ataque se produjo entre las 9:00 y 9:30 de la mañana, cuando Almirón se encontraba con amigos en una gruta de avenida Martín Berho al 2000. Tras llamados al 911 por disturbios, llegaron tres policías en dos motocicletas. Medina Quintana descendió armado con una escopeta Remington 870 calibre 12 y, según la acusación, disparó directamente al rostro de Almirón, provocándole heridas críticas.
La víctima fue trasladada por familiares al hospital Centro de Salud, donde permaneció internado en estado grave. El disparo le provocó la pérdida de un ojo y secuelas permanentes.
Luego del disparo, los tres policías se retiraron del lugar sin informar a sus superiores sobre lo ocurrido. Lobo y Tomás Gabriel Aráoz —este último ya condenado en juicio abreviado a un año condicional por encubrimiento— no denunciaron el hecho, incumpliendo su deber como funcionarios públicos.
Durante el juicio, Almirón declaró: “Me dijeron que levante las manos y sentí un reventón en la cara. Me arruinaron. Yo no hice nada”. Su testimonio fue el primero en el debate y marcó el tono de una causa que busca justicia por el abuso de poder.
¿Qué se espera del proceso judicial?
Además de las penas solicitadas por la Fiscalía, la defensa de los acusados pidió la absolución de ambos. El juicio continuará en los próximos días, con testimonios clave y análisis de pruebas. Por otro lado, se espera que el proceso marque un precedente en casos de violencia institucional en Tucumán.
