El Poder Ejecutivo de Tucumán formalizó un severo plan de austeridad que comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026 y tendrá vigencia inicial por dos años. La decisión quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 11/3 (MEyP), rubricado el 23 de diciembre por el gobernador Osvaldo Jaldo junto a su gabinete y remitido esta semana a la Legislatura.
El corazón de la norma establece un virtual freno a las incorporaciones de personal en el Estado provincial y la implementación de herramientas excepcionales para la administración de los recursos, en el marco de la emergencia económica y social. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la medida apunta a “garantizar una gestión prudente y responsable de los fondos públicos”. Allí se advierte que el escenario económico actual obliga a “preservar el equilibrio fiscal, asegurar el pago completo y en tiempo de los salarios del sector público y cumplir con las obligaciones legales y contractuales asumidas por la Provincia”.
El alcance de las disposiciones no se limita a la administración central, sino que se extiende a los entes autárquicos y descentralizados, así como también a aquellos organismos que, pese a contar con autonomía financiera, dependan de aportes o asistencia del Tesoro provincial.
Uno de los artículos más sensibles del DNU es el que dispone la prohibición de nuevas incorporaciones. La normativa ordena que los organismos comprendidos se abstengan de realizar designaciones de personal bajo cualquier modalidad y de celebrar contratos vinculados al empleo público. Las excepciones serán mínimas y sólo se admitirán cuando resulten indispensables para garantizar la continuidad de servicios esenciales, debiendo estar debidamente justificadas y contar con el aval del Ministerio de Economía y Producción.
En sintonía con la política de contención del gasto, el decreto también habilita la redistribución interna del personal. De manera transitoria y extraordinaria, las dependencias podrán reasignar agentes a otras áreas del Estado, siempre que no se genere un costo adicional y sin modificar cargos, escalafones, salarios ni derechos adquiridos. Desde el Gobierno explican que esta herramienta busca mejorar el aprovechamiento del recurso humano disponible.
El ajuste alcanza además a la política salarial. El artículo 3° fija que cualquier modificación que implique incrementos, nuevos adicionales o beneficios que mejoren los haberes de autoridades, funcionarios o empleados deberá contar previamente con la autorización expresa del Poder Ejecutivo. El texto advierte que el incumplimiento hará responsable en forma personal al funcionario que disponga el pago, habilitando incluso la retención o reintegro de las sumas abonadas sin respaldo legal.
Otro punto relevante se refiere al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST – Subsidio de Salud). En el contexto de la emergencia, se autoriza al organismo a reorganizar y utilizar la totalidad de los recursos que perciba por cualquier concepto, una vez cumplidos sus fines específicos y mientras requiera asistencia financiera del Ejecutivo. El objetivo declarado es lograr una administración más eficiente del gasto que demanda el sistema de salud.
En los considerandos, el decreto remarca que las medidas tienen carácter transitorio, excepcional y proporcional a la situación de emergencia, y que se limitan a lo estrictamente necesario para reducir el gasto público, optimizar los recursos humanos existentes y adecuar los compromisos del Estado a la real disponibilidad de fondos.
Finalmente, el DNU fija su entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, por un plazo de dos años, con la posibilidad de ser prorrogado. Además, invita a los demás poderes del Estado, al Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, y a los municipios a adherir a la normativa, consolidando un esquema de fuerte restricción del gasto que marcará el rumbo de la administración provincial en los próximos años.
