La discusión sobre la coparticipación federal vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica y política del país. En un contexto de reformas impositivas en debate, ajustes fiscales y redefiniciones del esquema laboral, las provincias observan con atención el impacto que tendrán las decisiones nacionales sobre sus cuentas. En ese escenario, Tucumán enfrenta un 2026 sin sobresaltos inmediatos en materia de ingresos nacionales, aunque con desafíos estructurales cada vez más evidentes.
El análisis pertenece al economista Bernabé Salas, de la Fundación Federalismo y Libertad, quien explicó que las proyecciones de recaudación nacional anticipan un escenario de estabilidad real en los fondos coparticipables. “Para 2026 se espera que la recaudación sea muy similar a la del año pasado en términos reales, por lo que no habría ni un impacto positivo ni negativo fuerte en las arcas provinciales”, señaló.
La dependencia de los fondos nacionales
La coparticipación continúa siendo el principal sostén financiero de Tucumán. Según detalló Salas, alrededor del 75% de los recursos provinciales provienen de transferencias nacionales, mientras que apenas el 25% se genera a través de impuestos propios como Ingresos Brutos, el inmobiliario y diversas tasas.
“Si ese 75% se mueve, se modifica todo el esquema presupuestario de la provincia. En este caso, no estaríamos ante un año de ajuste forzado por coparticipación”, explicó el economista, aunque advirtió que la estabilidad no implica ausencia de problemas.
Ganancias, el impuesto bajo la lupa
Uno de los puntos de mayor incertidumbre está vinculado a una eventual reforma del impuesto a las Ganancias, un tributo clave para las provincias. “Ganancias es 100% coparticipable y, junto con el IVA, es uno de los impuestos que más aportan a la masa coparticipable. Cualquier modificación significativa impacta de manera directa en los recursos que reciben los distritos”, advirtió Salas.
En ese sentido, remarcó que el debate sobre la reforma laboral también tiene consecuencias fiscales. “Si la reforma reduce la recaudación de Ganancias, las provincias recibirán menos fondos. Es un punto crítico que muchas veces no se discute con la profundidad necesaria”, sostuvo.
ATN: asistencia y discrecionalidad
Otro eje sensible del esquema de financiamiento son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que representan el 1% de la masa coparticipable y están destinados, en teoría, a atender emergencias financieras o situaciones excepcionales.
“Los ATN son una herramienta profundamente política. Muchas veces no se ejecutan o se distribuyen según acuerdos coyunturales”, afirmó Salas. En ese marco, recordó que Tucumán fue una de las provincias que más ATN recibió en 2025, incluyendo unos 20 mil millones de pesos por la emergencia hídrica, mientras que otros distritos atravesaron situaciones críticas sin recibir asistencia similar.
Más gasto, menos inversión
Más allá del nivel de ingresos, el economista puso el foco en el perfil del gasto provincial. Según su análisis, el ajuste aplicado en 2024 tras el recorte de transferencias discrecionales “ya no existe”. “En 2026 Tucumán va a gastar más que en 2023 en términos reales”, afirmó.
Sin embargo, el problema no radica únicamente en cuánto se gasta, sino en cómo se asignan los recursos. “Hoy hay menos gasto de capital que antes: menos obras, menos infraestructura, menos bienes de uso. Estamos gastando más, pero gastando peor”, advirtió, y calificó la situación como “alarmante” desde el punto de vista fiscal.
El debate estructural pendiente
Salas también cuestionó el esquema impositivo provincial, en particular Ingresos Brutos, al que definió como “el peor impuesto del sistema”. “Distorsiona decisiones económicas, genera incentivos a la evasión y encarece la producción. Corregirlo requiere una reforma profunda y un acuerdo entre todas las provincias, algo que hoy no está en discusión”, explicó.
Finalmente, mencionó los impuestos con asignaciones específicas, como el impuesto a los combustibles, cuya recaudación creció de manera significativa y se destina, entre otros fines, al Fondo Nacional de la Vivienda. “Tucumán recibe el mismo porcentaje que hace dos años, pero con más recursos. El desafío es cómo se ejecutan esos fondos y cuánta transparencia hay en su uso”, concluyó.
