Cada nueva hora de investigación profundiza un entramado que parece ser mucho más amplio de lo que se creía. La causa que indaga el uso de presos y policías para realizar trabajos de albañilería en la casa de fin de semana del ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Beltrán, dejó en evidencia que no se trató de un episodio aislado ni improvisado.
Por el contrario, los avances judiciales apuntan a la existencia de un sistema organizado en el que habrían intervenido más efectivos de los previstos en un principio. Según los investigadores, incluso se habrían utilizado móviles policiales para trasladar a los detenidos como si se tratara de obreros particulares destinados a realizar tareas privadas.
1. Un plan que habría involucrado a numerosos efectivos
Según la fiscal Mariana Rivadeneira, Beltrán habría diseñado un método sistemático para sacar de sus calabozos a presos condenados por abusos sexuales y llevarlos a trabajar en su propiedad de El Cadillal. Para eso, no sólo habría contado con la colaboración directa de algunos subordinados: también habría usado recursos oficiales, entre ellos patrulleros, para transportarlos como parte de esta operatoria.
“El nivel de impunidad solo podría explicarse por la participación de varias personas”, sostuvo Rivadeneira durante la audiencia. Y las primeras medidas de la pesquisa confirman esa hipótesis: la lista de uniformados investigados ya llega a ocho, número que podría aumentar en los próximos días.
2. Traslados en patrulleros y un régimen “de lunes a viernes”
Los detenidos José Daniel Sarapura (46), Lorenzo Miguel Romano (47), Juan José Santillán (53), alojados en la comisaría de Chuscha, y Miguel Adolfo Navarro (62), preso en Yerba Buena, eran retirados sin autorización judicial. Los investigadores sospechan que la maniobra llevaba tiempo en funcionamiento.
El circuito habría sido siempre el mismo:
– Salían en móviles policiales desde sus lugares de detención.
– Eran llevados primero a la base de Infantería de la URN, en Tafí Viejo.
– Desde allí, también en patrulleros, los trasladaban a la vivienda de Beltrán para realizar los trabajos.
– Permanecían en esa dinámica de lunes a viernes, y sólo regresaban a sus calabozos los fines de semana.
Fuentes policiales confirmaron que, aunque es habitual que un detenido con oficio colabore dentro de una comisaría, “nunca se autoriza que trabajen en casas particulares, y mucho menos que se los traslade en patrulleros”. Por eso, la fiscal no descarta que algunos pudieran haber sufrido situaciones de vejaciones.
3. Una red más grande: choferes, jefes de zona y personal administrativo
Las detenciones de los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira fueron apenas el inicio. Trejo aportaba sus conocimientos de albañilería; Teseira era el chofer personal del ex jefe. Pero la trama es más amplia:
– El segundo jefe de la URN, Sergio Juárez, está bajo sospecha por no denunciar lo ocurrido.– Tres comisarios inspectores también figuran en la nómina en investigación.
– Fueron pasados a disponibilidad los jefes del Cuerpo de Infantería de la URN, dos jefes de zona, la encargada de personal y el personal administrativo que manejaba los trámites de Beltrán.
Un dato clave revelado por Rivadeneira: personas se presentaron ante la fiscalía para reclamar herramientas secuestradas, afirmando que los presos eran llevados en patrulleros a buscar los elementos de trabajo.
4. La polémica por los terrenos: no era una propiedad, sino dos
A la complejidad del caso se suma la situación dominial. Aunque la defensa de Beltrán sostiene que fue engañado por quienes le vendieron la casa, el propio abogado admitió que el ex jefe policial no ocupaba un solo lote, sino dos terrenos contiguos. Los investigadores sospechan que uno de ellos habría sido usurpado.
5. El mensaje que desató el operativo y el impacto en la plana mayor
“Vayan ahora, se los acaban de llevar”. Ese mensaje anónimo recibido por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, motivó el procedimiento que destapó el escándalo.
Desde entonces, la causa afecta a toda la conducción policial. Siguiendo instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, la plana mayor presentó informes internos y espera decisiones que podrían cambiar la estructura de mando.
La investigación recién comienza, pero ya dejó una certeza: el número de policías involucrados podría ser mucho mayor, y el uso de patrulleros para mover presos como mano de obra privada revela un nivel de irregularidad pocas veces visto en la fuerza.
