La provincia de Tucumán ha quedado en el centro de un debate estructural al ser señalada como el distrito con la mayor proporción de rutas en mal estado de toda la Argentina. Este dato, relevado por Vialidad Nacional en 2024, es especialmente preocupante considerando que la provincia es la más pequeña del país en términos de superficie.
El informe clasificó el estado de las vías en categorías de «bueno», «regular» y «malo», ubicando a Tucumán en una posición crítica debido a su sostenida baja inversión en obras públicas. La red provincial es la que presenta los peores números, con ocho de cada diez caminos de sus 1.566 kilómetros totalmente dañados o inoperables.
Esta situación contrasta fuertemente con otras provincias del NOA. Mientras que distritos como Santiago del Estero y Salta poseen redes viales que superan los 6.000 kilómetros, Tucumán, a pesar de su extensión reducida y su alta densidad poblacional, exhibe los índices más críticos de deterioro. Entre las rutas más afectadas, claves para el sector productivo, se mencionan la Provincial 324, 329, 334, y la 304 que conecta con Salta.
El deficiente estado del sistema vial no se debe únicamente al volumen de tránsito, que es intenso por el transporte de caña de azúcar, limón y otros granos esenciales para la economía regional. La raíz del problema se encuentra en la falta de inversión a largo plazo. Un análisis sobre el periodo comprendido entre 2016 y 2022 ubicó a Tucumán como la segunda provincia argentina que menos invirtió en obra pública e infraestructura, solo por encima de Santa Cruz.
Expertos señalan que este deterioro vial tiene consecuencias directas y severas para el desarrollo económico. La congestión, el aumento de los costos logísticos, el crecimiento de los tiempos de traslado y la inseguridad asociada al tránsito pesado son el resultado directo de la falta de planificación y la desinversión crónica.
Los indicadores socioeconómicos, que ubican a Tucumán entre los más bajos del país en Producto Bruto Geográfico per cápita y salario registrado, refuerzan la tesis de que la infraestructura ha dejado de ser un soporte para la economía y se ha convertido en una restricción para el desarrollo.
