A partir de este jueves 15 de enero, el Gobierno de Javier Milei hará efectiva la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, llevando la alícuota al 0%. La medida tiene un objetivo ambicioso en el mediano plazo: alentar la competencia entre marcas y lograr un descenso en los precios al consumidor del orden del 30%, aunque las autoridades aclararon que el impacto no será automático.
La decisión quedó formalizada en el marco del decreto 333/25, publicado originalmente en mayo de 2025. En aquella primera instancia, el Ejecutivo había reducido la tasa aduanera de estos dispositivos del 16% al 8%, completando ahora el cronograma de quita total.
El argumento oficial sostiene que estos cambios mejorarán las condiciones de oferta, reducirán los valores de mercado y facilitarán el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo así la inclusión digital y el desarrollo tecnológico.
El impacto en el régimen fueguino
Esta política de apertura comercial se complementa con otras modificaciones impositivas que afectan a la industria electrónica. En la decisión de mayo también se habían eliminado los impuestos internos a los celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego (bajaron del 9% al 0%), al tiempo que se redujeron los impuestos internos a productos importados como televisores y consolas de videojuegos, que pasaron del 19% al 9,5%.
Sin embargo, la medida encendió todas las alarmas en el sur del país. Desde la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) manifestaron su absoluta preocupación, advirtiendo que desde la Nación existe una política que atenta contra la producción nacional. El secretario adjunto del gremio, Marcos Linares, señaló en declaraciones publicadas por TN que bajar a cero los aranceles complica aún más la situación de un sector que ya viene golpeado.
El conflicto no es nuevo. El año pasado, el gremio ya había lanzado un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción en las fábricas de Río Grande, denunciando que las decisiones del Ejecutivo afectan gravemente a la industria y al derecho soberano de habitar la provincia.
Linares subrayó la importancia crítica del sector al recordar que el régimen industrial representa el 78% de la economía fueguina y que la industria electrónica genera actualmente unos 8.500 puestos de trabajo directos en la isla.
Este régimen de promoción, creado en 1972, exime del pago de impuestos nacionales a las actividades que se realicen en Tierra del Fuego.
Ahora, con la apertura total de las importaciones, el sector deberá competir directamente con los productos extranjeros sin la barrera arancelaria que históricamente protegió su cuota de mercado.
