En Tucumán, el debate sobre la violencia escolar y el bullying dio un nuevo paso esta semana. La legisladora peronista Maia Martínez presentó un proyecto de ley que apunta a sancionar a padres y tutores que no supervisen a sus hijos involucrados en agresiones dentro de las escuelas.
La iniciativa propone un nuevo capítulo en la Ley 5.140, con multas que van de 450 a 1.500 litros de nafta premium y tareas comunitarias de hasta 30 días. La medida busca que los adultos asuman su responsabilidad cuando no colaboren, no tomen medidas preventivas o no reparen los daños ocasionados por sus hijos.
La propuesta establece que la primera intervención será la escuela, a través del Protocolo de Situaciones Escolares Complejas. Si los padres no cumplen con las notificaciones o acuerdos, el caso pasará al Juzgado Contravencional. Los fondos recaudados se destinarán al Fondo Educativo Provincial para programas de prevención y apoyo a bibliotecas populares.
El proyecto surge después del ataque a una niña de 13 años en una escuela de Alderetes, un hecho que encendió el debate sobre la responsabilidad compartida entre el Estado y las familias. El gobernador Osvaldo Jaldo remarcó que “el sistema educativo no puede controlar por sí solo lo que sucede con todos los estudiantes. Necesitamos la ayuda del papá y de la mamá”.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, agregó que el control diario recae en las familias y advirtió sobre señales preocupantes en adolescentes, como consumo problemático, adicciones y un índice de suicidios preocupante. Recordó que más de 600 escuelas ya aplican programas de mediación y prevención.
Para Martínez, la iniciativa fija una responsabilidad concreta para los adultos: cada situación será evaluada contravencionalmente, asegurando que la prevención de la violencia escolar sea un compromiso compartido entre hogares y escuelas.
