El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Esta medida afecta a autoridades provinciales, judiciales, legislativas, y municipales, buscando asegurar la idoneidad y ética de quienes ejercen funciones públicas.
El decreto impone controles sorpresivos que podrán detectar metabolitos de sustancias psicoactivas como opioides, cannabinoides, cocaína y anfetaminas. En caso de que los resultados sean positivos, se activarán mecanismos de remoción del cargo, que incluyen desde juicios políticos hasta la destitución directa para funcionarios designados.
El DNU surgió luego del fracaso de un proyecto de ley similar en la Legislatura provincial. Según Sáenz, esta medida no es una recomendación, sino una exigencia formal para todos los funcionarios públicos. “Es un acto de transparencia ante la sociedad”, aseguró el gobernador, quien remarcó la importancia de garantizar que los cargos públicos sean ocupados por personas libres de adicciones que puedan afectar su objetividad e independencia.
La medida también fue respaldada por la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo, quien destacó que el narcotest representa un “paso importante” hacia la transparencia, asegurando que la ética de los funcionarios no se vea comprometida por el consumo de sustancias.Detalles del procedimiento y consecuencias
¿Cómo se llevará a cabo?
Los controles se realizarán de forma sorpresiva a través de test rápidos homologados. Si el resultado es positivo, se procederá con un análisis confirmatorio en laboratorios habilitados. El proceso respetará la cadena de custodia y los derechos de defensa, incluyendo la posibilidad de realizar una contraprueba.
El decreto también establece las consecuencias para quienes no superen el narcotest. En el caso de funcionarios electivos o magistrados con estabilidad en el cargo, un resultado positivo activará mecanismos constitucionales de remoción, como el juicio político o el jurado de enjuiciamiento. Para aquellos funcionarios designados, el positivo será causa directa de destitución.
Salta se une a otras provincias argentinas que ya implementaron medidas similares. San Luis fue una de las primeras en aprobar un narcotest obligatorio en 2025, mientras que Santa Fe lo hizo en 2026. En Córdoba, una normativa aprobada en 2023 obliga a los funcionarios electos y designados a presentar un certificado negativo de consumo de drogas. En 2024, la provincia implementó una ley más amplia que exige certificados negativos de consumo de sustancias a funcionarios de alto rango, como ministros y directores.
