Dos hombres fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal acusados de haber cometido un millonario robo utilizando un inhibidor de señales para vulnerar el cierre de una camioneta estacionada en plena vía pública. El hecho ocurrió el 29 de enero pasado, en avenida Juan B. Justo al 1400, en la capital tucumana.
Según la acusación, los imputados —ambos de apellido Britos— se movilizaban en dos motocicletas y actuaron de manera coordinada junto a sus parejas. Aprovecharon un descuido del conductor del vehículo, quien había estacionado para ingresar a un comercio, y mediante un dispositivo electrónico impidieron que se activara el cierre centralizado del rodado.
El robo y la fuga
El episodio se registró alrededor de las 12.15. Tras bloquear la señal de cierre, uno de los acusados abrió la puerta del lado del conductor y sustrajo una mochila negra que contenía $4.700.000 en efectivo y documentación personal perteneciente a la víctima. Luego, el grupo escapó rápidamente del lugar.
Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir tanto el modo de operar como el recorrido posterior a la sustracción, elementos clave para avanzar con la investigación.
Audiencia e imputaciones
Durante una audiencia realizada el sábado, el auxiliar de fiscal Francisco Galíndez, siguiendo directivas del fiscal Carlos Saltor —titular de la Unidad de Robos y Hurtos IV del Ministerio Público Fiscal de Tucumán— formuló cargos contra los dos hombres por el delito de hurto agravado por el uso de llave falsa, ganzúa o instrumento semejante.
Además, solicitó la prisión preventiva por el plazo de dos meses, medida que fue concedida por la jueza interviniente y que se extenderá hasta el martes 21 de abril.
Investigación en curso
Entre las medidas probatorias pendientes se encuentran la extracción de datos de los teléfonos celulares secuestrados, el análisis de nuevas cámaras de seguridad y la realización de un informe antropométrico.
En tanto, este miércoles también fueron imputadas las dos mujeres señaladas como cómplices. En su caso, la Justicia dispuso medidas de menor intensidad por un plazo de 55 días.
El caso vuelve a poner en foco una modalidad delictiva cada vez más frecuente: el uso de tecnología para cometer robos sin ejercer violencia, pero con un alto impacto económico para las víctimas.
