El gobernador Osvaldo Jaldo reunió de urgencia a la plana mayor de la Policía de Tucumán tras conocerse que un comisario habría utilizado personal de la fuerza —e incluso detenidos— para la presunta construcción de una vivienda privada en El Cadillal. La denuncia generó un fuerte malestar institucional y derivó en una serie de medidas inmediatas.
Durante el encuentro en Casa de Gobierno, Jaldo exigió la presentación de informes detallados de gestión de los últimos dos años y la identificación de los tres jefes responsables de cada área. “Se puede remover desde un comisario general hasta un agente”, advirtió el jefe de Policía, Joaquín Girvau, reflejando el clima interno.
La reunión fue encabezada por el gobernador, acompañado por el ministro de Seguridad Ciudadana, Eugenio Agüero Gamboa, y Girvau. Según trascendidos, Jaldo ingresó sin saludar y redujo el encuentro a un monólogo severo. Expresó su “profunda desilusión” por la conducta atribuida a los comisarios Gustavo Beltrán y Sergio Juárez. “Nunca recibieron tanto respaldo político, y esta es la respuesta. Echaron por tierra todo lo bueno que se estaba logrando”, habría dicho.
Investigación y sumarios en curso
Girvau confirmó que hay 13 efectivos bajo investigación y que se abrieron tres sumarios administrativos. “Todo quedará a disposición de la Justicia. Si deben quedar más policías detenidos, así será. Defraudaron a la institución y al uniforme”, expresó el jefe policial, visiblemente molesto.
Además, anunció una revisión integral de todas las jefaturas regionales y departamentales para evaluar el desempeño de quienes conducen cada repartición. “Estos hechos tiran por la borda años de esfuerzo y manchan el uniforme de quienes cumplen su deber con honestidad”, concluyó.
Tras la reunión, los comisarios se retiraron sin hacer declaraciones. Fue el ministro Agüero Gamboa quien reconoció el impacto del caso, aunque defendió el trabajo general de la fuerza. “Es un golpe duro, pero demuestra que avanzamos con firmeza en la depuración interna. Nadie está por encima de la ley”, afirmó.
El escándalo de El Cadillal se convirtió en una prueba de fuego para la conducción policial y para el plan de seguridad provincial, que ahora enfrenta una crisis de confianza en sus mandos superiores.
