Tras un verano de concesiones forzadas en el Congreso, Javier Milei redobla la apuesta. El Ejecutivo ya diseñó cerca de 50 proyectos de ley para tratar durante este 2026. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Presidente definirá las prioridades de este esquema que promete más desregulación. Entre los puntos más polémicos aparecen la reforma laboral, el nuevo régimen penal juvenil y un acuerdo con la Unión Europea que amenaza a la industria nacional.
Educación bajo la lupa y el fin de la universidad gratuita
El Consejo de Mayo, brazo ejecutor del pacto con los gobernadores, ya tiene listas sus propuestas. La Ley de Libertad Educativa busca desmantelar la norma vigente desde 2006 para cambiar el financiamiento escolar. En paralelo, el Gobierno insiste con el ajuste presupuestario a las universidades nacionales. El oficialismo también redactó un Compromiso de Estabilidad Fiscal que prohibirá el déficit por ley, limitando la capacidad del Congreso para asignar fondos a áreas críticas sin previo aviso.
El avance sobre la propiedad privada es otro eje central. El Ejecutivo pretende reformar el régimen de expropiaciones y acelerar los desalojos. Estas medidas refuerzan la visión de un Estado que protege el capital por sobre el derecho a la vivienda. Para los sectores críticos, estas reformas forman parte de un núcleo de políticas que benefician a los grandes propietarios y aumentan la vulnerabilidad de los sectores populares.
La Boleta Única y el plan para borrar a la oposición
El Ministerio del Interior, conducido por Diego Santilli, impulsa una reforma política que busca debilitar a las minorías. El plan central consiste en eliminar las PASO, una herramienta que hoy permite la competencia interna en los partidos. Además, quieren modificar la Boleta Única de Papel (BUP). El oficialismo propone un casillero de «lista completa», una maniobra que busca el «efecto arrastre» para salvar a candidatos desconocidos bajo el sello presidencial.
Código Penal: Mano dura y nuevas figuras punitivas
En marzo, Milei enviará un nuevo Código Penal con más de 900 artículos. El proyecto endurece las penas de forma drástica y amplía la imprescriptibilidad a delitos como el homicidio simple. Si bien el texto mantiene la Ley de Aborto, el endurecimiento de las sentencias y las nuevas figuras penales para la protesta social generan alerta en los organismos de derechos humanos. El oficialismo también busca tipificar específicamente el delito de «motochorros», enfocando la seguridad en la represión directa.
Por último, el Gobierno busca ratificar el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Este tratado exigirá que Argentina adapte sus leyes a las exigencias de Washington, cediendo soberanía legislativa. En el ámbito laboral, la UIA ya presiona para recortar las licencias médicas de los trabajadores. La propuesta patronal busca que el empleado deje de percibir el 100% de su salario desde el primer día de enfermedad, traspasando el costo de la salud al bolsillo del trabajador.
