El proyecto enviado por el Gobierno nacional al Congreso para reformar la ley de Glaciares comenzó a generar reparos entre legisladores, especialistas en ambiente y organizaciones vinculadas a la protección de los recursos naturales, que advierten sobre posibles impactos en la preservación del agua y los ecosistemas de montaña.
La iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei propone redefinir el alcance de la norma sancionada en 2010 con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica y compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo. No obstante, distintos sectores alertan que algunos cambios podrían reducir las áreas actualmente protegidas.
Debate por el alcance del Inventario Nacional de Glaciares
Uno de los puntos más observados es la modificación del Inventario Nacional de Glaciares. El nuevo texto limita su alcance a glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas “efectivas”, ya sea como reservas de agua o como proveedores de recarga de cuencas.
Especialistas señalan que esta redefinición podría dejar sin protección a zonas que, aunque no tengan una función hídrica inmediata comprobada, cumplen un rol clave en la estabilidad de los sistemas de alta montaña y en la prevención de procesos de degradación ambiental.
Federalismo ambiental y criterios dispares
La reforma también refuerza el rol de las provincias en la identificación de glaciares y ambientes periglaciales con funciones hídricas, así como en la evaluación de las actividades permitidas en esas áreas.
Si bien el Gobierno destaca este punto como un fortalecimiento del federalismo ambiental, algunos legisladores advierten que podría derivar en criterios distintos entre jurisdicciones, con impactos desiguales en la protección del recurso hídrico según la provincia.
Evaluaciones de impacto ambiental, en el centro de la discusión
El proyecto mantiene la prohibición de actividades que alteren de manera relevante glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica comprobada. Sin embargo, establece que la definición de qué constituye una “alteración relevante” quedará sujeta a evaluaciones de impacto ambiental realizadas por las autoridades competentes de cada provincia.
Para algunos sectores, este cambio implica pasar de prohibiciones generales a análisis caso por caso, lo que podría flexibilizar los controles ambientales vigentes y generar incertidumbre sobre los límites de las actividades extractivas.
Menor intervención de organismos técnicos
Otro aspecto que genera debate es la reducción del rol del IANIGLA, organismo científico encargado hasta ahora de la actualización del Inventario Nacional de Glaciares. Con la reforma, las provincias podrán informar la existencia de nuevas geoformas o la pérdida de funciones hídricas de las ya inventariadas.
Desde distintos ámbitos advierten que este cambio podría restar peso a los criterios científicos en la toma de decisiones, aunque el Gobierno sostiene que no se eliminan los estándares ambientales sino que se clarifican competencias.
Un debate legislativo con impacto federal
El proyecto de reforma ya comenzó su recorrido parlamentario y se anticipa un debate intenso, con impacto directo en las provincias cordilleranas y en la gestión futura de los recursos hídricos estratégicos del país.
Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como una actualización necesaria, distintos sectores reclaman un análisis profundo que contemple las consecuencias ambientales, económicas y sociales de los cambios propuestos.
