El debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional profundizó las diferencias internas dentro del ala dura del sindicalismo. Mientras el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, convocó de manera unilateral a otros gremios para discutir un paro con movilización, los sindicatos del transporte decidieron no acompañar esa iniciativa y alinearse con la estrategia de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a los principales gremios del sector, tomó distancia de la convocatoria impulsada por Furlán y la calificó como “inorgánica”, al no contar con el aval de la central obrera. Sin embargo, la entidad no descartó avanzar con medidas de fuerza propias en caso de que no se modifique el artículo del proyecto que reglamenta y limita el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales.
La postura de la CATT quedó definida tras un encuentro entre sus principales dirigentes, quienes acordaron reunirse nuevamente a comienzos de febrero para evaluar los pasos a seguir. La prioridad, señalaron, es acompañar la estrategia de la CGT y esperar el resultado de las negociaciones que la central mantiene con el Gobierno y con el Senado, donde se encuentra el proyecto de reforma laboral.
“Vamos a actuar siempre dentro de la CGT. Más allá de las diferencias, hoy tenemos que estar todos juntos contra la reforma laboral”, expresó un referente de la confederación que lidera Juan Carlos Schmid, titular del gremio de Dragado y Balizamiento.
No obstante, desde el sector advirtieron que la unidad tiene un límite. Si el proyecto mantiene el artículo que regula el derecho de huelga —especialmente en transporte, salud y educación—, la CATT podría avanzar con acciones propias, incluso por fuera de la CGT. “Si ese punto no se elimina o se modifica, vamos a defender nuestra postura con todos los recursos que tengamos a mano”, indicaron.
La posición de Schmid es compartida por dirigentes como Omar Pérez (Camioneros) y Juan Pablo Brey (aeronavegantes), aunque dentro de la confederación existen voces que simpatizan con la idea de un paro inmediato, como Pablo Biró (pilotos), Edgardo Llano (APA), Paola Barrita (ATEPSA), Néstor Segovia (metrodelegados) y Graciela Aleñá (viales).
Biró, uno de los más críticos, sostuvo que no se debe dilatar la respuesta sindical. “Las bases piden una reacción. Si la CGT se pone combativa, puede cambiar la realidad; si no, le van a exigir que ponga fecha”, afirmó.
El punto más cuestionado del proyecto oficial es el artículo que establece la obligación de garantizar servicios mínimos del 75% en actividades esenciales y del 50% en aquellas consideradas de “importancia trascendental”. La medida retoma criterios incluidos previamente en el DNU 70 y el decreto 340, ambos frenados por la Justicia, y modifica la Ley 25.877 sancionada en 2004.
El listado de servicios esenciales incluye, entre otros, la salud, el transporte, la energía, las telecomunicaciones, la aeronáutica, los puertos, la educación obligatoria y la recolección de residuos. En tanto, como actividades de importancia trascendental se incorporan el transporte terrestre y subterráneo, los medios de comunicación, la industria alimenticia, la banca, la actividad agropecuaria y los servicios logísticos.
En este escenario, el sindicalismo enfrenta una encrucijada: sostener la unidad detrás de la CGT o avanzar con respuestas sectoriales frente a una reforma que consideran regresiva y restrictiva del derecho constitucional a la protesta. Mientras tanto, el debate continúa abierto y la tensión crece a medida que el proyecto avanza en el Congreso.
