Mientras el Gobierno nacional acelera gestiones para que la reforma laboral llegue al recinto del Senado el próximo miércoles 11 de febrero, las negociaciones con los gobernadores aliados continúan abiertas. Aunque el respaldo político al proyecto existe en términos generales, un punto específico sigue generando resistencia: la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades.
La baja de este tributo, incluida en la iniciativa oficial, despierta reparos en las provincias por su impacto directo en la recaudación, en un contexto marcado por la caída sostenida de los ingresos fiscales. Frente a ese escenario, los mandatarios provinciales acercaron al Ejecutivo una propuesta alternativa que, aseguran, también podría resultar funcional al Ministerio de Economía.
La propuesta sobre la mesa
En las últimas horas, gobernadores dialoguistas plantearon postergar la reducción de Ganancias para sociedades por un plazo de dos años y aplicarla de manera escalonada: un 50% en 2027 y el restante 50% en 2028. Además, sugirieron retirar este punto del proyecto de reforma laboral y tratarlo como una iniciativa fiscal independiente.
El esquema difiere del plan original impulsado por el Ejecutivo, que prevé bajar las alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5% a partir del ejercicio fiscal 2026.
Entre quienes impulsan esta alternativa figuran los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), quienes consideran que una implementación gradual permitiría amortiguar el impacto sobre las cuentas públicas.
El trasfondo fiscal
Desde las provincias advierten que la reforma laboral tendría un costo fiscal total estimado en $2,6 billones. De ese monto, unos $1,5 billones serían absorbidos por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el Tesoro Nacional resignaría aproximadamente $1,069 billones. A su vez, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sufrirían una merma cercana a los $26.500 millones.
En ese marco, los mandatarios sostienen que avanzar de manera inmediata con la baja de Ganancias podría poner en riesgo el superávit fiscal que el Gobierno exhibe como eje central de su programa económico, especialmente cuando la recaudación viene cayendo en términos reales desde hace al menos seis meses.
Recaudación en retroceso
Según datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en enero los ingresos alcanzaron los $18,4 billones, con una suba interanual del 22%. Sin embargo, al compararlo con una inflación del 31,4% para el mismo período, se evidencia una pérdida real de recursos. La reducción de retenciones al sector agropecuario y de aranceles a las importaciones aparece como uno de los factores que explican este escenario.
Desde algunas provincias señalan que, en este contexto, al propio ministro Luis Caputo le resultaría conveniente que la baja del impuesto se postergue o se aplique de manera gradual, más allá del discurso público.
Otras alternativas en discusión
En paralelo, gobernadores peronistas considerados dialoguistas —como Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Jaldo (Tucumán)— llevaron a la mesa otra posibilidad: condicionar la reducción de Ganancias a una variable económica, como el nivel de actividad.
La idea es que, ante un repunte económico, las provincias puedan compensar la pérdida de recursos mediante una mayor recaudación del IVA. No obstante, hasta el momento no hubo consenso sobre cuál debería ser la variable de ajuste ni sobre el mecanismo de implementación.
Con este escenario, la reforma laboral avanza entre apoyos generales y discusiones técnicas que aún deben resolverse. La definición sobre Ganancias será clave para determinar si el proyecto llega al Senado con los acuerdos necesarios o si deberá seguir negociándose contrarreloj.
