Una nueva propuesta incluida en el borrador de la reforma laboral encendió las alarmas en el movimiento sindical argentino. El Gobierno nacional pretende que los representantes gremiales deban solicitar autorización a las empresas para realizar asambleas en los lugares de trabajo, con el objetivo de evitar que se conviertan en protestas encubiertas.
La iniciativa, aún en etapa preliminar dentro del Consejo de Mayo, retoma el espíritu del artículo 20 bis del DNU 70, que fue declarado inconstitucional tras un amparo presentado por la CGT. En ese decreto, se establecía que las asambleas no debían perjudicar las actividades normales de la empresa ni afectar a terceros.
¿Qué dice la ley actual?
La legislación vigente, en el inciso e del artículo 23 de la Ley 23.551, garantiza a los sindicatos el derecho a realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa. Desde el sector gremial aseguran que las convocatorias se notifican a los empleadores, quienes quedan informados del evento, pero no tienen potestad para impedirlo.
Argumentos del Gobierno y antecedentes
Desde la Casa Rosada justifican la propuesta con el antecedente del conflicto aeronáutico de 2024, cuando asambleas sindicales paralizaron servicios en Ezeiza y Aeroparque. Empresarios agrupados en el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB) califican estas prácticas como “bloqueos indirectos” que afectan la productividad.
El Gobierno también toma como referencia la disposición 40/2012 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que exige presentar los pedidos de asamblea con 72 horas de anticipación y garantiza que no interfieran con el normal funcionamiento de las dependencias. Además, se cita la Ley para la Mejora del Crecimiento y del Empleo de España, que establece límites temáticos y logísticos para las asambleas laborales.
Rechazo sindical y escenario legislativo
La CGT y otras centrales como la CTA Autónoma consideran que esta propuesta representa una grave restricción al ejercicio de la acción colectiva. Abogados sindicales agrupados en el FAOS calificaron el proyecto como “lesivo e inconstitucional” y denunciaron la falta de diálogo social en su elaboración.
Aunque el artículo fue eliminado de la primera versión de la Ley Bases para facilitar su aprobación en el Congreso, el Gobierno insiste en reinstalarlo. Su inclusión definitiva dependerá de las negociaciones legislativas, donde el peronismo y otros bloques ya anticiparon su rechazo.
