El Gobierno nacional envió al Senado el proyecto de reforma laboral que será debatido en las sesiones extraordinarias y que propone un reordenamiento profundo del mercado de trabajo argentino. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, apunta a incentivar la contratación formal, reducir litigios laborales, actualizar convenios y recortar atribuciones históricas de los sindicatos.
Fuentes del Ejecutivo que participaron de su redacción aseguran que la reforma responde a cuatro objetivos centrales: crear empleo registrado, mejorar salarios, reducir la conflictividad judicial y bajar la presión impositiva sobre el sector privado, con la expectativa de impulsar la productividad.
Un mercado laboral estancado y la informalidad como eje
De acuerdo con los cálculos oficiales, casi el 50% de los trabajadores argentinos menores de 35 años se encuentran en la informalidad. Para el Gobierno, este dato evidencia la necesidad de una transformación estructural. “El esquema actual perjudica sobre todo a los trabajadores jóvenes”, explican desde Casa Rosada.
El proyecto plantea modificaciones en materia de contratos, cargas patronales, convenios y mecanismos indemnizatorios, con el objetivo explícito de que “las empresas salgan a contratar” luego de más de una década sin crecimiento del empleo privado formal.
El nuevo Fondo de Asistencia Laboral: qué es y cómo funcionará
Uno de los puntos centrales de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir el costo de las indemnizaciones en casos de despido.
Según el texto, el fondo se financiará con una contribución mensual obligatoria del 3% sobre la base remunerativa utilizada para calcular los aportes al SIPA. Este monto será reunido por cada empresa y administrado por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Aunque todavía no se definió qué tipo de inversiones podrán realizar estos administradores, el Gobierno adelantó que el Banco Central establecerá límites y condiciones para evitar conflictos de interés. La idea es que los fondos “generen intereses y no pierdan valor con la inflación”.
Desde el Ejecutivo remarcan que el mecanismo tiene “costo cero” para empleadores y empleados, ya que reemplazaría al sistema actual de indemnizaciones tradicionales.
Transparencia en aportes sindicales y cambios en el rol de los gremios
La reforma también introduce modificaciones que afectan directamente al funcionamiento de los sindicatos. Una de ellas es la incorporación de un detalle obligatorio en los recibos de sueldo que mostrará tanto los aportes del trabajador al gremio como las contribuciones que realiza la empresa.
Además, el proyecto elimina la obligación de que las empresas actúen como agentes de retención de las cuotas de afiliación, lo que representa un cambio significativo en el financiamiento cotidiano de muchas organizaciones sindicales.
Aunque no se avanzó sobre las cuotas solidarias —uno de los ingresos clave para los gremios—, en el Ejecutivo consideran que el nuevo esquema “transparenta el sistema y devuelve libertad al trabajador”.
Reuniones con la CGT y desacuerdos persistentes
Durante la elaboración de la reforma, la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, mantuvo reuniones semanales con representantes de la CGT. En varios de esos encuentros también participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.
Si bien hubo coincidencias en algunos puntos técnicos, las diferencias políticas y de enfoque fueron evidentes. “En algunos casos acordábamos, en otros no hubo consenso. Pero son cambios que hay que hacer”, reconoció una fuente del Ejecutivo.
La CGT, que ya adelantó su rechazo general a la reforma, analiza medidas de fuerza y presiona al Congreso para bloquear la sanción del proyecto.
Lo que viene: debate legislativo y clima de tensión
Con la reforma ya ingresada al Senado, el Gobierno busca acelerar su tratamiento en las sesiones extraordinarias. La iniciativa será uno de los debates más intensos del verano, con un sindicalismo movilizado, gobernadores divididos y una oposición legislativa que aún no definió un bloque unificado.
Mientras tanto, el oficialismo insiste en que la reforma es clave para “modernizar el mercado laboral y generar empleo formal”, mientras que los gremios advierten que implica una pérdida de derechos y debilitamiento institucional.
