Estudiantes, docentes y familias de escuelas técnicas presentaron una acción de amparo en la Justicia para intentar frenar el desfinanciamiento de la educación técnico profesional dispuesto por el Gobierno nacional a través del Presupuesto 2026. La medida, impulsada por la administración de Javier Milei, eliminó fondos esenciales y amenaza directamente la continuidad de esta modalidad educativa en todo el país.
La demanda judicial cuestiona la constitucionalidad del Artículo 30 del Presupuesto, una norma que desmanteló de manera deliberada el marco legal que protegía el financiamiento de las escuelas técnicas. Según los impulsores del amparo, el recorte no es un ajuste administrativo, sino una decisión política que deja a miles de estudiantes sin herramientas básicas para formarse.
Un desfinanciamiento planificado
El artículo cuestionado introdujo cambios que impactan de lleno en el sistema educativo:
- Eliminó la meta de inversión educativa del 6% del PBI establecida por la Ley de Educación Nacional.
- Derogó los parámetros mínimos de financiamiento para ciencia y tecnología.
- Suprimió el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que garantizaba un fondo específico para las escuelas técnicas.
Este último punto aseguraba recursos indispensables para talleres, equipamiento, prácticas profesionales e infraestructura. Su eliminación deja a las escuelas sin respaldo financiero.
Un recorte del 93%
El abogado Pablo González explicó que el recorte alcanza niveles inéditos. “Este amparo busca restablecer fondos que estaban garantizados por ley. El artículo 30 redujo en un 93% el financiamiento de la educación técnica”, sostuvo.
Según detalló, de los $323.000 millones que estaban previstos para las escuelas técnicas en todo el país, solo quedaron $11.000 millones. “Se le quitó prácticamente todo el financiamiento a 1.500 escuelas y a casi un millón de estudiantes. Es una decisión que compromete el presente y el futuro productivo del país”, remarcó.
La causa judicial avanza
En el plano judicial, el primer juez se declaró incompetente y el expediente será sorteado en un juzgado federal. Una vez definida la competencia, el Poder Ejecutivo deberá responder en un plazo acotado y la Justicia tendrá que pronunciarse sobre la legalidad del recorte.
Golpe al interior y a la educación pública
El desfinanciamiento afecta especialmente a las provincias, donde las escuelas técnicas cumplen un rol clave en la inclusión educativa y la formación laboral. La decisión del Gobierno nacional traslada el problema a los distritos, muchos de los cuales no cuentan con recursos para sostenerlas.
“Eliminar el financiamiento de las escuelas técnicas no es ahorro: es abandono. Es condenar a miles de jóvenes a perder oportunidades de estudio y trabajo en nombre de un ajuste ideológico”, advirtió González.
