El período ordinario de sesiones del Congreso nacional cerró el año con apenas 11 leyes sancionadas. Se trató de la menor producción legislativa de los últimos 10 años y de un balance que reflejó, más que la sanción de normas, la dificultad del oficialismo para construir acuerdos, la debilidad del bloque de La Libertad Avanza, una oposición que logró imponer su agenda y la creciente tensión entre el Gobierno de Javier Milei y el Parlamento, según el Balance 2025, elaborado por Directorio Legislativo (DL).
El bajo nivel de producción normativa se dio en un año con 22 sesiones, de las cuales la mitad fueron especiales. Ese dato expuso un funcionamiento signado por negociaciones fragmentadas y la imposibilidad de sostener una agenda regular. En ese escenario, la actividad parlamentaria se apoyó en herramientas procedimentales antes que en consensos amplios, con un Congreso que avanzó más por presión que por acuerdos previos.
El rasgo más distintivo del año fue el uso intensivo de los emplazamientos a comisión. En 2025 se contabilizaron 20, cuando en períodos anteriores el máximo había sido de tres. La herramienta fue utilizada por la oposición para obligar a las comisiones a tratar proyectos que el oficialismo buscaba demorar.
En ese contexto, el Congreso funcionó mayoritariamente como un espacio de control y resistencia frente al Poder Ejecutivo. La oposición no solo impulsó la totalidad de las iniciativas aprobadas, sino que además condicionó al Gobierno a través de vetos revertidos y decretos rechazados.
El resultado fue un año legislativo atravesado por la confrontación institucional. “La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se vio marcada por una estrategia donde el oficialismo no logró avanzar con sus iniciativas. Al contrario, se trató de un año donde primó el uso de herramientas constitucionales ‘defensivas’ de parte del gobierno para evitar el avance de la agenda opositora”, indicó DL.
Un Congreso en clave de control
El informe de DL destacó que de las 11 leyes sancionadas durante el período ordinario, tres correspondieron a acuerdos internacionales enviados al Congreso durante gestiones anteriores, mientras que las ocho restantes fueron iniciativas impulsadas por la oposición. No hubo ningún proyecto del oficialismo convertido en ley.
Entre las normas aprobadas se incluyeron la declaración de emergencia en Bahía Blanca; dos aumentos para jubilaciones; la Emergencia en Discapacidad; la modificación de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) a las provincias; el financiamiento de las universidades nacionales; la Emergencia en Salud Pediátrica, y la Ley Nicolás.
Este esquema reflejó la imposibilidad del Gobierno de avanzar con su propia agenda legislativa. La debilidad numérica en ambas cámaras condicionó su estrategia y lo obligó a priorizar el bloqueo de iniciativas adversas antes que la construcción de mayorías para proyectos propios.
La baja cantidad de leyes sancionadas consolidó a 2025 como el período de menor producción legislativa de la última década, incluso en comparación con años atravesados por crisis políticas o sanitarias.
La respuesta del Gobierno se expresó en el uso del veto. Siete de las 11 leyes sancionadas fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. En tres de esos casos, el Congreso insistió y logró revertir la decisión presidencial, lo que profundizó la disputa entre ambos poderes y reforzó el rol del Congreso como contrapeso institucional.
La tensión institucional también se trasladó al control de los decretos de necesidad y urgencia. En 2025 se rechazaron cinco DNU sobre un total de 33, un número que se sumó al primer antecedente registrado el año anterior y que marcó un cambio en la dinámica de validación de las decisiones del Ejecutivo por parte del Parlamento.
Este uso combinado de emplazamientos, vetos e insistencias configuró un año en el que la actividad legislativa estuvo más orientada al control y la disputa política que a la generación de consensos amplios.
