El Ministerio Público Fiscal aguarda un informe clave para definir el futuro de los efectivos policiales denunciados por cobrar sobornos millonarios, usurpar viviendas y utilizar presos como mano de obra. Las causas involucran a funcionarios de la Unidad Regional Norte (URN) y exdirectivos de Tránsito municipal, en un escándalo que sacude a la fuerza de seguridad más grande de Tucumán.
La primera causa se inició tras la denuncia de una mujer que aseguró haber pagado entre $800.000 y $1,5 millones semanales a policías para evitar operativos que frustraran sus fiestas en Lomas de Tafí, Tafí Viejo y Yerba Buena. La fiscal Mariana Rivadeneira ordenó 10 allanamientos y secuestró celulares y documentación, incluyendo comprobantes de transferencias a cuentas vinculadas a comisarios.
Aunque no hubo detenciones, las pruebas apuntan a una estructura organizada de recaudación ilegal dentro de la URN.
Presos como albañiles en terrenos fiscales
Una semana antes, otro expediente reveló que el entonces jefe de la URN, Gustavo Beltrán, utilizaba a cuatro condenados y dos policías para remodelar una vivienda en El Cadillal, construida sobre terrenos fiscales. La causa derivó en prisión preventiva para Beltrán y dos sargentos, además del pase a disponibilidad de ocho efectivos.
Beltrán, su segundo Sergio Juárez y el comisario Walter Colombres —vinculado al Caso Gargiulo— figuran en ambos expedientes y ya fueron dados de baja por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo.
El mismo día, fueron detenidos el comisario retirado Jorge Mastafá y el comisario activo Marcelo Soraire, imputados por integrar una asociación ilícita que usurpaba viviendas sin herederos, falsificaba documentación y las vendía a terceros. La fiscal María del Carmen Reuter lidera la investigación, que se amplió tras analizar el teléfono del efectivo Edgardo Daniel Chavarría.
Según los querellantes, los imputados identificaban inmuebles vulnerables, facilitaban documentación y obstaculizaban denuncias para garantizar el funcionamiento de la red. La causa involucra también a civiles y a un abogado.
Desde la Jefatura de Policía, Joaquín Girvau fue contundente: “Si se confirma, no sólo quedarán fuera de la fuerza, sino que esperamos que reciban el máximo castigo que establece la Ley”. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, defendió la conducción policial y habló de un proceso de depuración interna.
A pesar de la gravedad de los hechos, el Gobierno descartó cambios en la cúpula policial por el momento. Las decisiones administrativas se tomarán en función de los informes judiciales.
Mientras tanto, la fuerza enfrenta una prueba decisiva de credibilidad, con dos causas en curso, implicados que se multiplican y una presión política creciente.
