Una denuncia por extorsión derivó en una investigación que sacude a la Policía de Famaillá. El expediente se inició tras un allanamiento sin exhibición de orden judicial, según la denunciante, y expuso maniobras irregulares, exigencias económicas y un procedimiento que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría sido montado para presionar a una familia.
La mujer denunció que un grupo de policías irrumpió en su domicilio buscando a Cristian Daniel Gómez, alias “Pañal”, investigado por hurto simple. Sin embargo, los registros oficiales muestran que Gómez ya había sido detenido ese mismo día en otra vivienda, bajo orden judicial.
Durante el allanamiento, uno de los efectivos ingresó al baño con una riñonera, lo que despertó sospechas de que se intentaba “plantar” pruebas. El episodio derivó en insultos y, según la denunciante, en posteriores exigencias económicas.
Exigencias y desaparición de un arma
La mujer declaró que el comisario a cargo le pidió cinco millones de pesos para no perjudicar a su pareja, cifra que luego redujo a tres millones. Incluso habría sugerido que el hombre debía “vender droga” para él.
Además, denunció la desaparición de una pistola registrada a nombre de su pareja, nunca recuperada. Para la Justicia, este punto agrava el cuadro de acusaciones.
Pruebas audiovisuales
Un vecino aportó 16 videos, diez capturas y varios audios que registran parte del intercambio y la entrega de dinero. En uno aparece la abogada de la denunciante dando indicaciones sobre el pago; en otro, el comisario evita referirse al arma desaparecida.
Estas pruebas se convirtieron en elementos centrales del expediente.
Allanamiento al jefe policial
El juez Mario Velázquez autorizó un allanamiento en la vivienda del jefe policial denunciado. Allí se hallaron notebooks, pendrives, celulares, un CPU y más dispositivos electrónicos, además de $8.783.000 en efectivo que, por disposición del auxiliar fiscal, fueron devueltos en el acto.
La medida abrió un debate institucional: Velázquez advirtió que la requisitoria había sido firmada por un auxiliar fiscal, recordando que la Constitución provincial prohíbe delegar funciones esenciales del Ministerio Público Fiscal.
Investigación en curso
La causa busca determinar si existió una extorsión y si operaba un esquema policial paralelo con prácticas ilegales. Ninguno de los efectivos fue detenido hasta el momento, pero el análisis de los dispositivos electrónicos y del DVR secuestrado podría definir el rumbo del expediente.
Mientras tanto, el silencio del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal alimenta los interrogantes sobre
