La investigación por la denuncia armada contra los jugadores de Vélez Sarsfield —José Florentín, Sebastián Sosa, Braian Cufré y Abiel Osorio— sumó pruebas que complican todavía más a Carlos Cisneros. El expediente, lleno de inconsistencias, incorporó testimonios y material tecnológico que fortalecen el pedido de detención presentado por los abogados de los futbolistas, Camilo Atim y Florencia Abdala.
El 7 de noviembre de 2025, L. P. envió a sus amigas un mensaje en el que confesó haber actuado “sin poder de decisión” y cumpliendo órdenes “sin chistar”. Semanas después, sus amigas R. S. M. y A. I. G. declararon ante la fiscalía y afirmaron que la joven estaba completamente controlada por el entorno de Cisneros. También señalaron que sus representantes legales —Patricia Neme y Franco Venditti, abogados que responden a Cisneros— daban directivas que ella debía acatar sin cuestionar.
Chats y audios que derrumban la versión original
Las amigas confirmaron la existencia de un audio donde L. P. se mostraba divertida y afirmaba que “la había pasado bien” con los jugadores. Ese registro —clave para la causa— generó movimientos internos para intentar ocultar o destruir su celular. Según una testigo, incluso se planificó simular un robo para evitar que la Justicia accediera al dispositivo y a los mensajes borrados.
Los chats también revelan que la denunciante mencionaba posibles arreglos económicos y señalaba a uno de los futbolistas como “el que más plata tiene”, contradiciendo la versión del abuso que luego presentó de manera formal.
Movimientos previos que levantan nuevas sospechas
Fuentes del Hotel Hilton confirmaron que un operador de Cisneros pidió información sobre las cámaras de seguridad dos días antes de que se realizara la denuncia. Para los investigadores, ese movimiento previo plantea interrogantes sobre quién sabía qué y desde cuándo.
Testigos beneficiados y mensajes borrados
Otra testigo, M. M. C., fue dada de alta como empleada bancaria el mismo día en que prestó declaración. La fiscalía analiza si ese ingreso laboral fue una forma de retribución vinculada a su rol en la causa.
Además, la pericia tecnológica UFED recuperó mensajes borrados del celular de R. M., donde la abogada Patricia Neme le indicaba cómo debía declarar. El mensaje decía:
“Y que no te acordás de nada.”
Horas después, la testigo repitió exactamente esa frase ante la fiscal.
Burlando entra al caso: USD 1.500 la hora
Ante el avance del expediente, Carlos Cisneros contrató al mediático abogado Fernando Burlando, cuyos honorarios rondan los USD 1.500 por hora, según cifras públicas difundidas por su propio estudio.
Burlando juró en Tucumán el 10 de diciembre para poder intervenir en la causa y calificó los allanamientos como un “retroceso medieval”.
La defensa busca desacreditar las pruebas, cuestionar el accionar fiscal y reabrir el debate sobre la validez de los testimonios.
Avanza el pedido de detención
Los abogados de los futbolistas, Atim y Abdala, ratificaron su pedido de detención contra Cisneros y los demás implicados. Entre las acusaciones figuran asociación ilícita, estafa procesal, falso testimonio, destrucción de evidencia, tráfico de influencias y trata de personas con fines de explotación.
La causa sigue sumando elementos que podrían acelerar decisiones judiciales. Para los investigadores, el cuadro general es cada vez más contundente: la denuncia original podría estar vinculada a una estructura más amplia que operaba alrededor de la joven denunciante, quien —según testimonios y pericias— habría actuado bajo fuertes presiones y sin autonomía.
