La Legislatura tucumana se encamina a un debate de alto voltaje que pone en jaque la frontera entre el derecho al honor y la libertad de expresión. Un proyecto de ley impulsado por Gerónimo Vargas Aignasse, con el apoyo de Sergio Mansilla y Roque Argañaraz, busca crear una «Medida Cautelar Digital Urgentísima» para eliminar contenidos de internet de forma casi instantánea.
El «botón de borrado» en tiempo récord
La iniciativa propone que un juez pueda ordenar el bloqueo, eliminación o desindexación de contenidos en un plazo máximo de seis horas. Lo más controvertido es su carácter «inaudita parte»: el magistrado decidiría sin escuchar a quien publicó el contenido, con el fin de evitar que la viralización vuelva el daño irreversible.
Vargas Aignasse argumenta que la Justicia tradicional no puede competir con la velocidad «explosiva» de las redes sociales. Según los fundamentos del proyecto, cuando llega una medida cautelar ordinaria, el perjuicio ya se multiplicó de manera exponencial, volviendo ineficaz cualquier reparación tardía.
El «candado» contra la censura
Para intentar despejar los fantasmas de la persecución política, el proyecto incluye un «candado normativo»:
- Requisito estricto: Solo procedería ante casos «manifiestos e inequívocos» de calumnias o injurias.
- Protección de la opinión: Ante la menor duda sobre si el posteo es una crítica, opinión o información de interés público, el juez debe rechazar el pedido.
- Real malicia: La propuesta invoca la doctrina de la Corte Suprema Nacional para diferenciar la «mentira dañosa viral» de la crítica protegida.
Un debate con fronteras imposibles
A pesar de las garantías, la iniciativa despierta alarmas por su posible efecto inhibidor en el debate público, especialmente cuando se trata de funcionarios. Existe, además, un escollo técnico insalvable: la naturaleza global de internet. Una orden judicial tucumana podría chocar con la imposibilidad de controlar contenidos republicados desde otras provincias o el exterior en cuestión de minutos.
¿Es posible proteger el honor sin erosionar la democracia? El proyecto asegura que «la opinión está absolutamente protegida», pero el desafío será garantizar que esta herramienta «hipersumarísima» no se convierta en un mecanismo para silenciar voces incómodas bajo el pretexto de la urgencia digital.
