La Justicia de Tucumán resolvió prorrogar la prisión preventiva de una mujer acusada de integrar una financiera de Barrio Sur vinculada a 39 casos de estafas reiteradas.
La medida fue dispuesta durante una audiencia realizada este martes 21 de octubre, a pedido de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila y la auxiliar de fiscal Emely Rafael.
La imputada continuará bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y control policial aleatorio durante los próximos dos meses, según dispuso el juez interviniente.
La investigación judicial abarca hechos ocurridos entre 2021 y 2024, cuando la acusada y otros implicados habrían operado una financiera que ofrecía inversiones con intereses elevados a través de contratos de mutuo.
Las víctimas, atraídas por la promesa de obtener rentabilidad en plazos breves, entregaron grandes sumas de dinero en pesos y dólares. Sin embargo, con el tiempo, los pagos dejaron de realizarse y los responsables ofrecieron cheques y pagarés sin fondos, pertenecientes a cuentas cerradas.
Según explicó la Fiscalía, las maniobras incluyeron la simulación de cesiones de acciones y hasta un divorcio civil ficticio, estrategias utilizadas para evadir responsabilidades económicas y confundir a los inversores.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Emely Rafael destacó que el expediente fue declarado asunto complejo por la magnitud de los hechos y la cantidad de víctimas.
Entre las pruebas se encuentran documentos, dispositivos electrónicos y registros bancarios secuestrados durante los allanamientos, actualmente bajo análisis del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
“La causa presenta un número significativo de víctimas y un perjuicio económico millonario. Aún restan informes periciales y nueva evidencia documental”, afirmó Rafael.
El Ministerio Fiscal fundamentó la prórroga en la necesidad de completar pericias y evitar entorpecimientos en la investigación. La resolución judicial garantiza la continuidad de las medidas de coerción hasta que se incorporen las pruebas pendientes.
La Unidad Fiscal de Estafas mantiene abierta la investigación para determinar el total de damnificados y el destino de los fondos obtenidos mediante las presuntas maniobras fraudulentas.
La extensión de la prisión preventiva busca asegurar el avance del proceso judicial y evitar riesgos procesales mientras se completan las pericias.
