El juez federal Sebastián Casanello dictó este lunes el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo cargos gravísimos que incluyen asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación agravada. La resolución judicial también alcanza a otros 18 implicados en una causa que estalló tras la filtración de audios que revelaron el manejo irregular de fondos destinados a personas con discapacidad.
En su fallo, el magistrado describió la existencia de un «entramado de corrupción institucional». Según la investigación, funcionarios y operadores externos trabajaron en conjunto para desviar recursos públicos. «Se ha podido reconstruir la actividad de una organización criminal que tenía por objeto generar millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones», remarcó Casanello.
Sobreprecios y el «sistema de retornos»
La investigación judicial determinó que el esquema delictivo se centraba en la adquisición de medicamentos e insumos. La maniobra consistía en comprar productos a determinadas droguerías con sobreprecios alarmantes. A cambio de estas adjudicaciones dirigidas, los directivos de la agencia recibían «retornos» económicos, lo que garantizaba el flujo de dinero ilegal.
Casanello fue contundente al denunciar que la ANDIS fue «cooptada y empleada como vía de enriquecimiento personal». Este desvío de fondos perjudicó directamente a la población más vulnerable: las personas en situación de discapacidad, quienes sufrieron la falta de insumos o el recorte de servicios debido al vaciamiento financiero de la agencia.
Más indagatorias y avance de la causa
Además de los procesamientos, la Justicia ordenó nuevas declaraciones indagatorias para los próximos días. El objetivo del juez es profundizar en la responsabilidad de cada eslabón de la cadena, tanto dentro de la estructura estatal como en el sector privado de las droguerías involucradas.
La causa, que se originó el año pasado, continúa sumando pruebas de inteligencia criminal y registros contables que complicarían aún más la situación de Spagnuolo. Mientras tanto, se mantiene el embargo sobre los bienes de los procesados para intentar recuperar parte del patrimonio defraudado al Estado Nacional.
