El Gobierno nacional avanzará durante 2026 con un amplio proceso de privatizaciones que incluirá a más de una decena de empresas públicas, como parte de su estrategia para reducir la participación del Estado en la economía, fortalecer el rol del sector privado y obtener recursos que permitan reforzar las reservas internacionales.
La hoja de ruta oficial abarca firmas de sectores considerados estratégicos, como energía, transporte, servicios y comunicaciones, que actualmente se encuentran bajo control estatal.
Las empresas incluidas en el plan
Entre las compañías que el Ejecutivo buscará privatizar se encuentran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
También figuran en la lista Fabricaciones Militares, la Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, la Casa de Moneda y la agencia de noticias Télam, todas actualmente dependientes del Estado nacional.
A su vez, el proceso contempla empresas consideradas clave en el área de energía y servicios públicos, como Transener, las represas hidroeléctricas y AYSA, la empresa encargada del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Desde el Gobierno aseguran que estas privatizaciones permitirán mejorar la eficiencia de gestión y reducir el peso fiscal que representan las empresas públicas para el Estado.
La transformación legal como paso previo
Como etapa previa al proceso de privatización, el Ejecutivo completó la transformación de las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas. La última en concretar ese cambio fue Ferrocarriles Argentinos, que quedó inscripta en el Registro Público como Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).
Esta adecuación jurídica es considerada clave para facilitar futuras ventas, concesiones o asociaciones con capital privado, al colocar a las empresas estatales bajo el mismo régimen legal que las firmas privadas.
El nuevo marco normativo
El proceso se apoya en el DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, que estableció que todas las empresas con participación estatal, cualquiera sea su forma societaria, deben transformarse en sociedades anónimas.
De esta manera, quedan alcanzadas por la Ley General de Sociedades N.º 19.550, lo que implica que operarán en igualdad de condiciones con las empresas privadas y sin los privilegios propios del Estado.
Transporte y energía, los ejes centrales
Según fuentes oficiales, el foco principal de las privatizaciones en 2026 estará puesto en los sectores de transporte y energía. En ese esquema aparecen empresas como Corredores Viales, que administra cerca de 9.000 kilómetros de rutas nacionales; la energética Enarsa; Intercargo, que habría despertado el interés de un grupo francés; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía.
Para el Gobierno, este paquete de medidas forma parte de un rediseño del rol del Estado, con menor participación directa en la actividad empresarial y un mayor protagonismo del capital privado, en línea con los lineamientos económicos de la actual gestión.
