El Presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo ante el Congreso contempla la eliminación de 155.000 pensiones por invalidez, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El documento prevé que la cantidad de jubilados y pensionados baje de 9,15 millones en 2025 a 9,01 millones en 2026, motivado principalmente por la reducción de titulares de pensiones por discapacidad.
El gasto destinado a este rubro sería de $4 billones, lo que representa una disminución real del 10,6% y una baja de su participación en el PBI del 0,5% al 0,4%. Sin embargo, esta previsión llega en medio de una medida judicial que obliga a restituir 119.033 pensiones suspendidas, lo que pone en duda la viabilidad del recorte.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) atraviesa una crisis institucional tras denuncias de presuntas coimas que involucraron a su ex titular, Diego Spagnuolo.
Mientras tanto, el Juzgado Federal N°2 de Catamarca, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, ordenó restituir las pensiones eliminadas por el decreto 843/2024. La resolución exige que Andis restablezca la totalidad de los haberes suspendidos y se abstenga de nuevas auditorías hasta que haya sentencia definitiva.
El magistrado consideró que las medidas afectaron “derechos de indudable naturaleza colectiva e individual”, y calificó la ejecución del recorte como “irregular”.
Fuentes del organismo confirmaron que las auditorías fueron interrumpidas tras el fallo judicial.
Argumentos del Gobierno y análisis económico
Desde la Casa Rosada defienden el ajuste bajo el argumento de que las pensiones por invalidez fueron “una caja de la política”. El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que el objetivo es garantizar que los beneficios lleguen “a quienes realmente los necesitan”.
El economista Jorge Colina señaló que la reducción podría ser viable “con buena gestión”, pero advirtió que el Gobierno muestra debilidad en su implementación. En tanto, Rafael Flores, especialista en presupuesto, recomendó que el eventual recorte se considere “un pasivo contingente”, ya que podría revertirse según lo que decida la Justicia.
Por otro lado, la OPC informó que el gasto en asignaciones familiares alcanzará $10,1 billones, con un leve aumento real, mientras que las provincias y universidades recibirán mayores transferencias.
Mientras el Congreso debate el proyecto, la justicia federal mantiene suspendido el recorte de pensiones. El Presupuesto 2026, aún en análisis, deja expuesto uno de los puntos más sensibles del ajuste social, en un escenario en el que el Gobierno busca equilibrar las cuentas sin desatar un conflicto mayor con los sectores más vulnerables.
