La sanción del Presupuesto Nacional 2026 encendió señales de alarma en el sistema científico, educativo y tecnológico del país, tras la aprobación del artículo 30, que deroga normas que establecían mínimos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología. La medida generó fuertes críticas de sectores políticos, investigadores y referentes educativos, que advierten sobre un posible retroceso estructural en áreas clave para el desarrollo del país.
Uno de los cuestionamientos más duros provino del diputado nacional por Unión por la Patria, Pablo Yedlin, quien puso en duda la validez jurídica del artículo incorporado al Presupuesto. “El artículo 30 es ilegal porque la Ley de administración financiera establece que la Ley de presupuesto no puede derogar otras leyes ni partes de ellas”, afirmó. Según explicó, la norma elimina artículos de leyes sancionadas con amplios consensos, entre ellas la Ley de Educación, vigente desde hace más de dos décadas. “Al derogar esto, la Argentina hoy no tiene una meta a cumplir en el tema de educación”, advirtió.
Yedlin también cuestionó la eliminación de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Técnica, que fijaba un sendero de crecimiento progresivo de la inversión hasta alcanzar el 1% del PBI en 2030. “Eso ya era un porcentaje bajo frente a los países desarrollados, donde nadie invierte menos del 3 o 4% del producto bruto en ciencia y tecnología”, señaló.
En ese marco, alertó además sobre el impacto en la educación técnica. Si bien las escuelas técnicas dependen de las provincias, contaban con un fondo nacional administrado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), que financiaba equipamiento, talleres e infraestructura. “Ese fondo ya no existe más. Todas estas herramientas fueron derogadas”, afirmó, y advirtió que el nuevo esquema profundizará las desigualdades. “Con este modelo económico se va a salvar la mitad de la Argentina y la otra mitad queda excluida”, sostuvo.
Desde el ámbito científico, el director del Conicet NOA Sur, Augusto Bellomio, confirmó que el sistema ya viene siendo afectado por la falta de recursos y el deterioro salarial. “Estamos registrando una pérdida del poder adquisitivo de entre el 40 y el 50% respecto a 2023”, explicó. También advirtió que la mayor sangría de personal se está dando en áreas administrativas altamente calificadas, fundamentales para la gestión de proyectos y la compra de insumos.
Bellomio recordó que existe un proyecto de ley con media sanción en Diputados que declara la emergencia del sistema científico y tecnológico y propone restituir los artículos derogados. “Las redes de directores y directoras del Conicet estamos en contacto permanente y en estado de alerta. Esta semana tenemos una reunión para evaluar los pasos a seguir”, indicó.
Las críticas también llegaron desde sectores de la oposición de izquierda. La dirigente Alejandra Arreguez apuntó contra los legisladores tucumanos que acompañaron el Presupuesto. “En la campaña, Jaldo decía que iba a ‘cortarle la peluca al león’, pero sus diputados dieron quórum para tratar este presupuesto ajustador y la mayoría lo votó”, afirmó. En el mismo sentido, cuestionó el rol del Senado, al que acusó de convalidar el artículo 30, y llamó a profundizar las medidas de fuerza. “No alcanzan las marchas ni los paros aislados. Hace falta un plan de lucha que incluya a los trabajadores precarizados, a las mujeres, a quienes defienden el ambiente y a los jubilados”, planteó.
En paralelo, desde la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional indicaron que el tema será abordado en el próximo Consejo Federal de Educación, previsto para febrero, donde se analizará cómo reemplazar los fondos que fueron eliminados por el artículo 30.
La norma aprobada dejó sin efecto disposiciones que establecían pisos mínimos de inversión, como el 6% del PBI destinado a educación y el sendero de crecimiento para alcanzar el 1% del PBI en ciencia y tecnología. También afecta al financiamiento de la educación técnico-profesional, un sector que ya venía advirtiendo sobre recortes y atrasos en la ejecución de recursos.
Mientras tanto, investigadores, docentes y trabajadores del sistema científico y educativo siguen de cerca la implementación del Presupuesto, en un clima de creciente incertidumbre sobre el futuro de áreas estratégicas para el desarrollo del país.
