Dos policías procesados aportaron datos clave sobre el uso de presos para construir la vivienda de un excomisario en El Cadillal, complicando a otros oficiales involucrados en la trama.
Arresto domiciliario y nuevos testimonios
Los dos policías imputados por la utilización de condenados en la construcción de la casa del exjefe de la Unidad Regional Norte, Alfredo Beltrán, pasaron a ser testigos clave en la causa que investiga la fiscala Mariana Rivaneira. Por motivos de seguridad, la Justicia les otorgó arresto domiciliario, aunque se mantiene la acusación inicial.
Cómo se desarrollaban los trabajos
Según el expediente, Beltrán utilizaba a los policías a su cargo y a presos condenados por delitos graves para realizar tareas de albañilería en dos terrenos fiscales que se encontraban bajo su propiedad. Los condenados dormían en la sede de Infantería de la URN entre semana y los fines de semana eran trasladados a las comisarías donde cumplían condena.
Los testigos señalaron que no recibían pago extra por su trabajo y lo realizaban bajo amenazas de sanciones o traslados. La suboficial Claudia Paz era quien daba las instrucciones de las tareas. Los condenados nunca estuvieron esposados ni custodiados mientras trabajaban. Otros oficiales, como Roberto Edim Nasser, Germán Russo y Nelson Aragón, estarían implicados en el esquema. Además, se utilizaba un móvil policial para transportar a la hija del excomisario y otras tareas particulares.
Audiencias y medidas de protección
En las últimas audiencias, los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira, ahora testigos, aportaron información que podría agravar la situación de Beltrán y otros funcionarios de confianza. Su defensora, Julieta Jorrat, solicitó medidas de protección por temor a represalias. La Justicia aprobó su arresto domiciliario con seguimiento mediante pulsera electrónica y control personal de efectivos en la jurisdicción de la URN.
Acusaciones y cargos
Al excomisario Beltrán se lo acusa de peculado de uso y de servicio, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y falsificación de instrumentos públicos. Trejo y Teseira fueron imputados por peculado y falsificación de documentos públicos en calidad de partícipes secundarios. La investigación aún podría involucrar a 12 a 14 personas más, actualmente en disponibilidad a la espera de resolución judicial.
Impacto de los nuevos datos
Los testimonios recientes aportan claridad sobre cómo se organizaban los trabajos y quiénes estaban al tanto de la situación. La causa, que combina delitos de corrupción policial y abuso de autoridad, avanza con nuevas revelaciones que complican a más funcionarios, mientras la Justicia asegura la protección de los testigos para garantizar el desarrollo del proceso.
