Una denuncia penal presentada el 15 de noviembre ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana solicita investigar a ocho personas por los presuntos delitos de peculado y asociación ilícita vinculados a la entrega irregular de mercadería social por un monto total de $26.791.604,22.
La acusación se apoya en dos acuerdos del Tribunal de Cuentas de la provincia (5.140 y 5.184), que documentaron doce órdenes de entrega de bienes sin convenio administrativo formal ni identificación de beneficiarios finales. Según esa documentación oficial, la mercadería habría sido solicitada desde la Caja Popular de Ahorros (CPA), pese a que ese organismo no posee competencia legal para la distribución de asistencia social.
Los imputados en la denuncia
Entre los denunciados se encuentran:
- Hugo Guillermo Ledesma, legislador provincial y ex subinterventor de la Caja Popular.
- José César Díaz, interventor de la CPA.
- Lorena Luz María Málaga, ex ministra de Desarrollo Social.
- Funcionarios y agentes vinculados a la Caja Popular y al Ministerio de Desarrollo Social que habrían intervenido en las solicitudes y retiros de mercadería.
La presentación solicita medidas cautelares como la detención de los ocho imputados, allanamientos en nueve domicilios, incluidas dos sedes de la Caja Popular en San Miguel de Tucumán, y el secuestro de teléfonos celulares para pericias forenses destinadas a recuperar comunicaciones vinculadas a la operatoria investigada.
Documentación oficial del Tribunal de Cuentas
Los acuerdos citados detallan que las doce órdenes de entrega fueron autorizadas entre marzo y octubre de 2023, nueve de ellas durante el período previo a las elecciones provinciales. El Tribunal de Cuentas concluyó que:
- No existía convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Caja Popular que habilitara el desvío de mercadería social.
- No se acreditó el destino final de los bienes entregados.
- Las órdenes carecían de documentación exigida por el Decreto 2348/4-MDS-2010, que regula la asistencia social en especie.
Entre los bienes detallados figuran materiales de construcción y alimentos como arroz, harina, leche en polvo, fideos, chapas y mobiliario.
Implicancias institucionales
Si el Ministerio Público Fiscal decide solicitar la detención de Ledesma, la Legislatura deberá votar previamente su desafuero, debido a los fueros parlamentarios. En caso de proceder, la investigación implicaría también el ingreso judicial a dependencias de la Caja Popular, organismo autárquico del Estado provincial.
Por el momento, los imputados no realizaron declaraciones públicas oficiales y se encuentran a la espera de la resolución fiscal. Tampoco hubo pronunciamientos institucionales de la Legislatura, el Poder Ejecutivo provincial ni los partidos de oposición respecto del pedido judicial.
Lo que viene
El fiscal interviniente deberá definir entre tres alternativas:
- Archivar la denuncia,
- Avanzar con una investigación preliminar sin medidas restrictivas,
- O solicitar las medidas cautelares requeridas por los denunciantes, que implicarían allanamientos simultáneos y el pedido de desafuero del legislador involucrado.
La causa se encuentra actualmente en análisis dentro del Ministerio Público Fiscal.
