Javier “Chuky” Casanova, investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico y procesado por su presunta participación en un tiroteo en una fiesta electrónica en Tafí Viejo, permaneció varias horas con paradero desconocido pese a que debía permanecer en un calabozo del penal de Benjamín Paz. Un error administrativo encendió las alarmas entre las autoridades y motivó la apertura de una investigación sobre el accionar del personal del Servicio Penitenciario, según publica el diario La Gaceta.
El enfrentamiento entre el grupo que lidera “Chuky” y el de Facundo Ale —hijo de Ángel “El Mono” Ale— se produjo el 21 de septiembre. En primera instancia se evaluó la posibilidad de una disputa vinculada con el poder de la barra brava de San Martín, aunque con el avance de las pesquisas surgieron indicios que orientaron la hipótesis hacia un conflicto territorial relacionado con el narcotráfico.
El fiscal Miguel Fernández, tras las primeras diligencias, obtuvo la autorización judicial para realizar varios allanamientos. En una de las viviendas vinculadas a Casanova, los efectivos secuestraron alrededor de 100 dosis de estupefacientes y una pistola que podría estar relacionada con el tiroteo.
Como consecuencia, Casanova afrontó dos causas diferentes. Fernández lo imputó por el tiroteo y consiguió que se le dictara prisión preventiva por tres meses. Paralelamente, en la investigación por el hallazgo de drogas, el fiscal José Sanjuán lo acusó por tenencia simple de estupefacientes y también se le impuso una medida cautelar.
Al vencer la preventiva en el expediente por narcomenudeo, Sanjuán solicitó su prórroga. En esa instancia, el defensor de Casanova, Facundo Herrera, presentó nuevas pruebas con alegaciones de irregularidades en el procedimiento. El juez Guillermo Taylor, considerando admisibles los planteos defensivos, decidió morigerar la medida y disponer que la preventiva continuara bajo la modalidad de arresto domiciliario, condicionando su ejecución a la inexistencia de impedimentos que le impidieran abandonar el penal.
A partir de esa resolución se produjeron varias anomalías que motivaron la investigación del fiscal Fernández. Entre los hechos señalados se consignan:
- Cerca de la 1:00 de la madrugada, personal del Servicio Penitenciario trasladó a Casanova a su domicilio en el barrio Oeste II, pese a que en la otra causa seguía vigente la prisión preventiva por el tiroteo.
- El juez Taylor había condicionado la salida del penal a la colocación de una pulsera electrónica; un informe oficial elaborado horas antes consignó la imposibilidad de cumplir la medida por falta del dispositivo, pero seis horas después el detenido ya contaba con la pulsera, mientras que otros internos deben aguardar semanas para obtenerla.
- A las 6:00 se registró una señal que indicaría que Casanova habría abandonado su domicilio bajo arresto domiciliario; el monitoreo informó la situación recién a las 7:30, con una demora de una hora y media.
Mientras se organizaba un operativo para su búsqueda, Casanova se presentó ante las autoridades y sostuvo que no se había ausentado de su hogar. Frente a estos elementos, el fiscal Fernández dispuso investigar la conducta del personal del Servicio Penitenciario. Desde la dirección de Seguridad confirmaron que también se había iniciado una investigación administrativa.
El defensor Facundo Herrera sostuvo que estas fallas suelen explicarse por la coexistencia de dos prisiones preventivas: “Cuando nuestro asistido nos comunicó lo ocurrido, le explicamos que se trataba de una equivocación y que debía presentarse ante el fiscal”, afirmó, finalizando con que “no hay que buscar culpables de nada”.
