En una nueva muestra de concentración de funciones, el Gobierno nacional oficializó la designación del vocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al frente del Directorio de YPF. Adorni ocupará el cargo de director titular Clase A, lo que le otorga la estratégica «acción de oro» para vetar decisiones en la petrolera, una posición de control total que el Ejecutivo se asegura para manejar la compañía a su discreción.
Si bien desde la Casa Rosada se apresuraron a aclarar que el funcionario «renunció a sus honorarios» de director —para seguir percibiendo su millonario sueldo de ministro coordinador de $5.900.000—, la medida deja al descubierto cómo el Gobierno utiliza las estructuras del Estado para premiar a su círculo íntimo y garantizar el control ideológico en la empresa energética más importante del país.
Premios y «pagos» políticos: el turno del PRO
La reestructuración del Directorio de YPF no solo responde a una necesidad técnica, sino que funciona como moneda de cambio en el Congreso:
- Sillas para el PRO: La incorporación de Martín Maquieyra, alfil de Cristian Ritondo, confirma que el Directorio de la petrolera se ha convertido en una mesa de negociación política para sostener el apoyo legislativo de la «oposición aliada».
- El «ascenso» de Francos: El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, no abandona el edificio de Puerto Madero. Pasa de la Clase A a la Clase D y, a diferencia de su cargo anterior, ahora sí comenzará a cobrar una cuantiosa remuneración como representante de los privados, tras dejar su rol estrictamente ministerial.
Cifras que irritan en plena crisis
Mientras el Gobierno pregona la austeridad y el ajuste sobre la clase media, las cifras que rodean a la cúpula de YPF siguen generando polémica. En abril de 2025, se aprobó una masa de honorarios para el Directorio de más de $11.000 millones. Aunque Adorni se presente como «ad honorem» en esta función, el manejo discrecional de una caja de tal magnitud y la designación de cuadros políticos sin trayectoria específica en el sector energético exponen las contradicciones del discurso oficial contra la «burocracia estatal».
Con esta jugada, el binomio Milei-Caputo refuerza su blindaje sobre YPF en un contexto donde el futuro de la petrolera y sus activos estratégicos están bajo la lupa de los mercados y las promesas de privatización.
