El Colegio de Abogados de Tucumán se plantó firme frente a la Justicia: no matriculará a quienes se retiraron voluntariamente del Poder Judicial. La decisión se mantiene incluso después de que la Cámara Contenciosa Administrativa fallara a favor de Agustina Mitre, una abogada que reclamó su matrícula tras acogerse al retiro.
El presidente del Colegio, Alberto López Domínguez, explicó que la postura se basa en la Ley 5233, que prohíbe el ejercicio profesional a quienes aún mantienen vínculo con el Poder Judicial. “Reciben parte del sueldo, están sujetos al régimen disciplinario y pueden volver a sus cargos. No podemos permitir que litigue alguien que sigue dentro del sistema”, afirmó.
La Cámara consideró que se vulneró el derecho al trabajo y a la defensa, y ordenó restituir la matrícula. Pero el Colegio anunció que apelará la medida y agotará todas las instancias legales. “No es una cuestión personal ni de género. Es institucional. Matricularlos iría en contra de nuestra ley y de la independencia judicial”, sostuvo López Domínguez.
El conflicto revela una tensión normativa entre la Ley 5233 y la Ley 9764, que habilita el ejercicio profesional tras el retiro. El caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
