El Gobierno nacional anunció que abrirá sumarios administrativos contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad por su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), en el marco del debate de la reforma laboral en el Congreso. Desde Nación indicaron que se encuentran realizando constataciones sobre la interrupción de servicios en distintas provincias.
“Se van a abrir los sumarios y se aplicarán multas. Ya tenemos argumentos para avanzar”, señalaron fuentes oficiales. El procedimiento contempla la apertura formal del expediente, el traslado a los gremios para que presenten su descargo y, posteriormente, una resolución administrativa por parte de la Secretaría de Trabajo.
En la Casa Rosada sostienen que la medida constituye una violación a la Ley 14.786, al remarcar que continúa vigente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. Bajo ese argumento, anticipan el avance de sanciones económicas dentro del expediente.
En Balcarce 50 también analizan una eventual afectación de la personería gremial de ambas organizaciones. Si bien reconocen que se trata de la pena más severa prevista en la normativa sindical y que requiere un procedimiento más amplio, admiten que “es una posibilidad fuerte”. De todos modos, aclaran que una suspensión o pérdida de personería no es automática y demandaría un trámite administrativo más extenso, con derecho a defensa y eventual revisión judicial.
En el caso de la UTA, la conciliación obligatoria fue dictada el 10 de febrero por 15 días tras un conflicto salarial en el interior del país, mientras que en La Fraternidad rige una medida similar desde el 4 de este mes. En el Ejecutivo subrayan que ambas disposiciones estaban vigentes al momento de la convocatoria al paro.
En paralelo, el Gobierno desplegó un operativo de seguridad reforzado ante la movilización frente al Congreso, donde la Cámara de Diputados de la Nación debate la reforma laboral. Más de 1.000 efectivos federales fueron asignados al dispositivo, que incluye controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Seguridad dispuso además el corte de calles en las inmediaciones del Palacio Legislativo y la instalación de un vallado perimetral para delimitar la zona de concentración. En el oficialismo, no obstante, relativizan el alcance de la medida de fuerza mientras avanzan las actuaciones administrativas contra los gremios.
