A casi 20 años del crimen de Paulina Lebbos, la Justicia resolvió que Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad de la provincia condenado en 2019 a seis años de prisión por encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público, deberá someterse a un nuevo tratamiento psicológico por 30 días antes de que se defina su pedido de libertad condicional.
La medida fue dispuesta en el marco del planteo realizado por su defensa para acceder al beneficio. Por el momento, el ex funcionario continuará con prisión domiciliaria.
Di Lella nunca estuvo alojado en una cárcel común y cumplió su detención entre la sede de Bomberos y su domicilio particular. El 8 de agosto del año pasado completó las dos terceras partes de la condena, requisito clave para solicitar la libertad condicional. Sin embargo, el beneficio ya le había sido rechazado en diciembre por falta de informes correspondientes.
Durante una audiencia realizada por Zoom, la jueza de Ejecución Ana María Iácono resolvió que, antes de decidir, el condenado deberá atravesar un tratamiento orientado a evaluar la comprensión del delito cometido, la aceptación de la condena y su posibilidad de reinserción social.
Desde el Ministerio Público Fiscal, el auxiliar Javier González, en representación del fiscal Carlos Picón, advirtió que no se encuentran cumplidos los requisitos formales, como los informes del Servicio Penitenciario. “Pasó todo el tiempo entre Bomberos y su casa, nunca estuvo en la cárcel”, señaló, y se opuso al otorgamiento del beneficio al considerar que no están dadas las condiciones para una adecuada reinserción.
En contraposición, el defensor oficial Emiliano Ferraco sostuvo que su asistido tiene derecho a reinsertarse en la sociedad. Argumentó que, al no haber estado bajo el régimen del Servicio Penitenciario, no cuenta con informes criminológicos, pero sí con evaluaciones técnicas favorables, incluyendo reportes del Patronato de Internos y Liberados y de profesionales de la salud mental. Además, remarcó que Di Lella presenta problemas de salud y permanece “postrado en una cama con nulo trato social”.
El representante legal de Alberto Lebbos, padre de Paulina, se sumó a la postura del Ministerio Público y afirmó que el ex funcionario “nunca aceptó la condena”. En la audiencia, Lebbos fue contundente: “Estamos en presencia de un peligroso delincuente que nunca mostró arrepentimiento ni pidió disculpas”. También sostuvo que la verdadera muestra de reinserción sería “decir la verdad” sobre lo ocurrido.
Por su parte, el psiquiatra José Luis Rodríguez afirmó que Di Lella atraviesa un cuadro psiquiátrico importante, con depresión y fuertes sentimientos de culpa, y que se encuentra bajo tratamiento integral.
Tras escuchar a las partes, la jueza Iácono dispuso que el Servicio Penitenciario realice un tratamiento psicológico durante 30 días y eleve un informe que permita determinar si el condenado comprende el sentido resocializador de la pena. Una vez incorporado ese dictamen, la magistrada resolverá si corresponde o no concederle la libertad condicional.
