Un impactante operativo de máxima seguridad se desplegó para trasladar a Felipe Sosa, principal sospechoso del crimen de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años asesinada el pasado 8 de enero en el barrio Manantial Sur. El procedimiento fue difundido a través de un video oficial de la Policía, que mostró el nivel de custodia dispuesto para el acusado, conocido como “El Militar”.
En las imágenes se observa a Sosa con pies y manos atados, sin cordones en las zapatillas, con casco protector y chaleco antibalas, escoltado por grupos especiales de la fuerza, entre ellos efectivos del Grupo Cero. El destino final fue la cárcel de Benjamín Paz, el penal de máxima seguridad de la provincia, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación judicial.
Según confirmaron fuentes oficiales, el traslado se realizó a bordo del avión oficial de la Provincia. La aeronave había sido utilizada previamente para una evacuación sanitaria urgente de un niño hacia el hospital Garrahan, en Buenos Aires, y en su regreso a Tucumán fue empleada para concretar el traslado del imputado, en un operativo coordinado entre fuerzas provinciales y nacionales.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el rostro del acusado fue debidamente blureado en los registros audiovisuales para preservar su identidad y no entorpecer futuras instancias judiciales. Funcionarios del área, junto al vicegobernador y el subjefe de Policía, Roque Yñigo, brindaron detalles del procedimiento y remarcaron que se trata de una etapa inicial dentro de una causa de extrema gravedad.
Felipe Sosa fue detenido en la provincia de Buenos Aires tras una intensa búsqueda. De acuerdo con los primeros datos incorporados al expediente, habría intentado darse a la fuga utilizando una motocicleta de alta gama y contaba con su pasaporte, lo que generó sospechas sobre una posible salida del país.
El acusado presenta un perfil complejo: es empresario del rubro de la seguridad, posee formación en el exterior —incluida experiencia como comando en África y en la Guayana Francesa— y estos antecedentes también forman parte del análisis judicial.
La investigación continúa con la incorporación de testimonios y peritajes clave. La autopsia habría revelado un alto nivel de violencia en la muerte de Érika Álvarez, lo que refuerza la gravedad del hecho. Además, la causa explora posibles vínculos con el consumo de drogas y el narcotráfico, líneas investigativas que podrían ampliar significativamente el alcance del expediente.
El abogado de la familia de la víctima, Carlos Garmendia, confirmó que Érika atravesaba serios problemas de adicción, una situación conocida por su entorno y por la cual su madre había intentado acompañarla y brindarle asistencia. En ese marco, también se analizan testimonios que señalan a personas de su círculo íntimo como posibles responsables de haberla introducido en el consumo problemático.
Mientras tanto, Felipe Sosa permanece detenido bajo estrictas medidas de seguridad, a disposición de la Justicia, en una causa que continúa generando conmoción y un fuerte reclamo social de esclarecimiento y justicia.
