Un hombre que desde 2019 no cumple con el pago de la cuota alimentaria para su hija fue sancionado por la Justicia de Tartagal. La jueza Carmen Juliá, del Juzgado de Personas y Familia, dictó una medida que le prohíbe salir de la provincia y del país, además de retirarle la licencia de conducir. La decisión responde a una causa iniciada por la madre de la joven, quien sostiene el hogar con la Asignación Universal por Hijo como único ingreso.
La sanción busca garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria y proteger los derechos de la hija, hoy de 18 años. El último depósito registrado fue en febrero de 2020, y desde entonces no hubo nuevos pagos.
El hombre debía abonar el 30% de un salario mínimo vital y móvil, o el equivalente a su sueldo si tenía empleo formal. Ante la falta de cumplimiento, fue incluido en el Registro de Deudores Alimentarios por la Secretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, esto no modificó su conducta.
La falta de aportes generó un perjuicio económico directo para la hija y su madre. La jueza destacó que el padre mostró una clara voluntad de desentenderse de sus responsabilidades, afectando gravemente la estabilidad del hogar.
En su resolución, la jueza Juliá calificó la conducta del hombre como una forma de violencia económica. Subrayó que los padres no pueden excusarse en la falta de trabajo para eludir el deber de proveer alimentos.
Por ello, el tribunal impuso restricciones severas: prohibición de salida del país y de la provincia, y retiro de la licencia de conducir. Estas medidas se mantendrán hasta que el padre abone la deuda acumulada y regularice el pago mensual.
La jueza remarcó que estas sanciones buscan priorizar los derechos de la hija frente al incumplimiento reiterado del progenitor. Además, envían un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con las obligaciones parentales, incluso en contextos de dificultad económica.