Al cumplirse un mes del crimen de Joaquín Rodrigo Ibarra, familiares y amigos se movilizaron para exigir avances concretos en la investigación, el traslado de los adolescentes acusados y una respuesta firme por parte de la Justicia. La marcha comenzó en plaza Urquiza y finalizó frente al Ministerio Público Fiscal, donde los manifestantes reclamaron que la causa avance y que los sospechosos sean derivados al penal de Benjamín Paz.
Con carteles y pancartas, y al grito de “Justicia por Joaquín” y “No murió, lo mataron”, los presentes expresaron su dolor y su pedido de condena. El joven fue asesinado el 12 de enero en Alderetes, cuando —según la investigación— fue interceptado por dos menores armados durante un intento de robo. Aunque habría entregado sus pertenencias sin resistirse, recibió un disparo en la cabeza. Los acusados permanecen con prisión preventiva en el Instituto Roca, mientras el expediente continúa en etapa investigativa.
A pesar de tratarse de un día laboral, una nutrida concurrencia acompañó la convocatoria. Entre quienes se acercaron estuvo Alberto Lebbos, padre de Paulina Lebbos, en señal de apoyo a la familia.
Una de las tías del joven cuestionó que los imputados estén alojados en el Instituto Roca y reclamó que cumplan una pena efectiva. También pidió que se tenga en cuenta el sufrimiento de los familiares de las víctimas. En la misma línea, la mejor amiga de Joaquín expresó su indignación y remarcó que el joven no opuso resistencia al asalto.
Durante la concentración tomó la palabra la abuela, Rosario del Valle Rodríguez, quien manifestó su malestar por el cambio de lugar de la convocatoria —que inicialmente iba a realizarse en plaza Independencia— y señaló su desconfianza en el sistema judicial. No obstante, aseguró que la familia continuará con el reclamo y sostuvo que la violencia debe abordarse con políticas públicas centradas en la educación.
Maricel Núñez, hermana de la víctima, destacó que la manifestación fue pacífica y reiteró el pedido de justicia. Por su parte, Ramiro Nicolás, amigo del joven, describió el impacto que tuvo el hecho en el grupo cercano y afirmó que esperan que los responsables reciban una sanción acorde a la gravedad del crimen.
El abogado de la familia, Camilo Orce, explicó que la causa sigue en plena etapa de recolección de pruebas y que se presentarán nuevas medidas, aunque evitó brindar detalles por estrategia procesal.
En el marco de la movilización también se planteó el debate sobre la edad de imputabilidad. Familiares y amigos consideraron que quienes cometen delitos de esta magnitud deben asumir consecuencias penales equivalentes.
La investigación permanece bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, mientras la familia de Joaquín insiste en que el caso no quede impune y que se dicte una condena proporcional al hecho.
